Carlos ROCHA El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, lo dijo sin titubeos: “En Puebla se quiere tener una paz de sepulcros”, y manifestó su preocupación al explicar que la represión que viven los poblanos debe ser una alerta para todo el país, porque esta práctica se podría replicar en las demás entidades. El sacerdote de la congregación de los dominicos y que está al frente de la Diócesis de Saltillo estuvo este domingo en la capital del estado. Por la mañana celebró una misa en el interior del Mercado Hidalgo, bastión de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, y después visitó en la cárcel de San Miguel al líder moral de esta agrupación Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como Simitrio. Después de salir de la cárcel de la capital y previo a realizar un recorrido similar por el penal de Cholula, el sacerdote caracterizado por su activismo social mostró su preocupación por la situación social de Puebla. “Me queda claro que es una criminalización social evidente. Pero lo que también se asoma es la mano dura del Estado que quiere ser controlador de todo”. Además, calificó como una “clásica marrullería” que el líder de la 28 de Octubre esté encarcelado por delitos que ya había terminado de cumplir, pero principalmente por el miedo que tiene el Estado a que Simitrio articule un movimiento social. El sacerdote explicó que si bien tenía conocimiento de la situación que se vive en Puebla, porque es de dominio nacional, no se imaginó que estuviera tan mal. Después de convivir con los comerciantes del Mercado Hidalgo y visitar a los presos de San Miguel, el sacerdote concluyó que en Puebla se quiere lanzar el mensaje de que en este estado se puede hacer toda clase de negocios, principalmente a partir de las reformas federales. “Privatización del agua, despojo y expropiación de tierras para la minería o construcción de ductos de gas y reprimir con cárcel a las voces críticas”. Por esto, el obispo insistió en que ve a Puebla como un ejemplo de lo que podría pasar en Coahuila, estado donde radica, o en cualquier entidad del país cuando empiecen los negocios a los que ya se les abrió la puerta con las reformas energéticas y fiscal. “Lo que está pasando aquí lo vamos a vivir en otros estados. Una creación de delitos para judicializar el movimiento social y frenar cualquier protesta o lucha, cualquier tipo de búsqueda de justicia”, insistió.
