Mario GALEANA  La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) criticó que los siete universitarios detenidos por su presunta implicación en los atentados del 27 de marzo y el 1 de junio hayan sido blanco de “investigaciones sin sustento”, por lo cual manifestó su más enérgico rechazo a la violación de sus derechos por parte de las instancias de justicia en el estado. El rector Alfonso Esparza Ortiz emitió un comunicado donde resaltó que los siete jóvenes fueron privados de su libertad y casi 24 horas después puestos en libertad, dado que “la autoridad ministerial no contó con elementos suficientes para demostrar que estuvieran involucrados ni que fueran autores” de los ataques en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), la delegación en Puebla de la Secretaría de Economía (SE) y un paradero de la Línea 1 del Metrobús. Ante integrantes del Consejo Universitario, directivos de unidades académicas y estudiantes, Esparza Ortiz señaló que la detención de los jóvenes “trató de aprovecharse para otros intereses”, haciendo referencia a la toma de rectoría, en Ciudad Universitaria, que encabezaron organizaciones como la Liga Estudiantil Democrática (LED) y el Frente Estudiantil por una Educación para Todos (FEET). Sin embargo, el rector no esclareció la presencia de policías vestidos de civil dentro de Ciudad Universitaria, quienes bloquearon el acceso a las instalaciones de la casa de estudios mientras la toma de los edificios se llevaba a cabo. A su vez, Esparza Ortiz acusó que “no es la primera vez” que suceden eventos de esta naturaleza, y recapituló el violento desalojo que sufrieron integrantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (CUEP), cometido por un grupo de encapuchados el pasado 8 de febrero en el Zócalo de la capital, así como el asesinato del exrector Samuel Malpica Uribe, acontecido el 2 de julio de 2013, hechos de los que, destacó, “aún se desconoce el progreso de las indagaciones”. Por otra parte, reconoció haber actuado “con prudencia” ante la arbitraria detención de los universitarios, pero resaltó que la abogada general de la BUAP, Rosa Isela Álvarez Méndez, y parte del bufete jurídico de rectoría coadyuvó en la liberación de los estudiantes, los cuales fueron inculpados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por una presunta carta enviada de manera anónima donde se les relaciona con los ataques a las sedes gubernamentales. |