Las fracciones parlamentarias del PAN, PSI y el Panal evitaron pronunciarse respecto a las observaciones hechas al gobierno Mario GALEANA  Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) exigieron al gobierno del estado que cumpla en su totalidad las recomendaciones en materia de derechos humanos e impartición de justicia a las que fue sujeto, tras los acontecimientos del pasado 9 de julio de 2014 en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan. A un año del enfrentamiento entre policías estatales y civiles que derivó en la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo, los legisladores expresaron durante sesión ordinaria del Congreso local su preocupación por el incumplimiento que la administración estatal ha ejercido ante 5 de las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Incluso, el diputado priista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Sergio Céspedes Peregrina, llamó a no dejar “impunes” las agresiones cometidas en contra de los habitantes de la localidad, y demandó al gobierno de Puebla a cumplir en su totalidad la recomendación “2VG”, emitida por el órgano federal. “La CNDH manifestó que a un año de lo ocurrido en la comunidad, aún quedan pendientes de cumplimiento 5 de los 11 puntos recomendatorios. Estos hechos violentaron los derechos humanos con acciones y omisiones que no podemos permitir que queden impunes y, mucho menos, que se repitan. Hoy más que nunca la justicia debe imperar sobre los agraviados en aquel evento, y responder con transparencia y prontitud a las recomendaciones hechas de la CNDH”, declaró en tribuna. A su vez, el legislador priista exhortó al Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo, a dar a conocer a la brevedad posible los resultados de su investigación para poder fincar responsabilidades entre los funcionarios involucrados en el incidente. Por su parte, los diputados del PT y MC, LizethSánchez Garcíay JuliánPeñaHidalgo, aseguraron que“la herida sigue viva”y aprovecharon para criticar otras de las iniciativas que han sido aprobadas durantela actual administración y que han sido cuestionadas por organizaciones civiles, académicos y universidades. Por su parte, la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo acusó a la madre del menor de “usufructuar” con su muerte y, aunque reconoció que sí hubo excesos policiacos durante el enfrentamiento, indicó que los tutores deben “tener responsabilidad de vigilar a sus menores”. Sólo las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional (PAN), Pacto Social de Integración (PSI) y Nueva Alianza (Panal) guardaron silencio y evitaron dar su pronunciamiento en torno a las recomendaciones de la CNDH, aún pendientes de cumplimiento. |