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Asumiría estado control de servicios en San José Chiapa

Asumiría estado control de servicios en San José Chiapa
AUDI Asumiría estado control de servicios en San José Chiapa

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El con­venio plantea la obligatorie­dad de transferir al Estado los recursos municipales asigna­dos en dichas áreas Lucero HERNÁNDEZ AUDIEl Gobierno del Estado pretende asumir por 30 años la prestación de servicios públicos y la administración de contribuciones de San José Chiapa, donde se construye la planta de Audi, según se expo­ne en la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado que se encuentra en análisis para su aprobación. El convenio de colabo­ración fue signado por los gobiernos estatal y municipal de San José Chiapa y consiste en ejercer la función operati­va en registro de contribuyen­tes, cumplimiento de disposi­ciones fiscales, liquidación de contribuciones, recaudación y condonación de multas. Los servicios públicos que asumiría el estado son agua potable, drenaje y alcantarilla­do, tratamiento y disposición de aguas residuales, alum­brado público, limpia, reco­lección y tratamiento de resi­duos, mercados y centrales de abasto, equipamiento en par­ques y jardines, otorgamiento de licencias, permisos o auto­rizaciones para construcción, colocación de anuncios y fun­cionamiento de comercios y servicios. Aunque la prestación de servicios públicos correspon­derá al Estado, la aportación de recursos involucra a ambos niveles de gobierno; el con­venio plantea la obligatorie­dad de transferir al Estado los recursos municipales asigna­dos en dichas áreas. Será en 2045 cuando con­cluya la vigencia del convenio entre el gobierno estatal y el gobierno de San José Chiapa. Si bien el pacto plantea el dere­cho para terminar el acuerdo, se advierte que sólo el pago de indemnizaciones en su totali­dad permitirá concluir el arre­glo, aunque para ello el ayun­tamiento requerirá de la vali­dación de dos terceras partes de su cabildo. El convenio se ampara en el artículo 115 de la Constitu­ción Política que señala que los municipios podrán coordi­narse con el Estado, para la efi­caz prestación de los servicios públicos, siempre que cuenten con aval del Legislativo.