Guillermo CASTILLO La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Congreso del estado sobre el fallo para las tres acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla (Coipep). El documento presentado, contiene correcciones a siete artículos de la también llamada Ley Anti bronco, el cual llegó al Poder Legislativo local durante la noche del pasado miércoles, 25 de noviembre. Así lo dio a conocer Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quien señaló que los diputados tendrán hasta el 15 de diciembre para hacer las modificaciones pertinentes a los lineamientos. Esto les da un plazo de 14 días hábiles, mismos que ya corren dentro del proceso comicial 2015- 2016; ya que el lunes pasado, el Instituto Electoral del Estado (IEE) declaró el inicio del mismo. Los ministros de la Corte invalidaron distintos candados para el registro de candidatos independientes; entre ellos, el tiempo para conseguir las firmas de apoyo de los votantes y la obligatoriedad de que los ciudadanos comparezcan de manera personal para emitir su respaldo. Sin embargo, Martínez Amador insistió en minimizar la situación, al recordar que un aspirante a competir sin partido político aún deberá conseguir el aval de lo equivalente a 3 por ciento del listado nominal. También resaltó que la Corte mantuvo la necesidad de haber renunciado un año antes a cualquier militancia partidista, en especial, si se trata de personas que hayan ostentado cargos directivos. Durante la sesión ordinaria del miércoles pasado, los diputados locales adelantaron que no combatirán la sentencia de la Suprema Corte y por el contrario, acatarán cada una de las determinaciones señaladas. Se debe recordar que además de los candados para los candidatos independientes, se estableció la inconstitucionalidad de los lineamientos emitidos para las coaliciones, pues estas ya están reguladas en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE). Además, se dio la orden de regular una vez más sobre los periodos de precampaña para las próximas elecciones, de tal manera que se considere el tiempo suficiente para que los partidos puedan dar soluciones potenciales a las impugnaciones internas.
