Lo acompaña ratificación de Carrancá Bourget por siete años al frente de dependencia Guillermo CASTILLO  La Transformación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) quedó formalizada este martes en el Congreso del estado, luego que la minuta de decreto fue respaldada por 133 Ayuntamientos. Así lo dio a conocer la Mesa Directiva del Poder Legislativo, donde también se decretó la validez de las reformas que permitirán una eventual ratificación de Víctor Antonio Carrancá Bourget por siete años. Esta reforma fue defendida por los diputados de todas las fracciones, al señalar que se trata de una homologación con las leyes federales, donde también se creó la Fiscalía General de la República. Sin embargo, ha sido criticada por académicos, quienes sólo advierten un cambio “cosmético” en la forma de procurar la justicia y no han encontrado una verdadera protección para las víctimas. Además, en la última sesión ordinaria del año, los diputados cristalizaron la incorporación de la tentativa de feminicidio al Código Penal del estado, mismo que será tipificado cuando se presenten dos agresiones dolosas consecutivas por parte de un individuo a una mujer. La reforma mantuvo la sanción de hasta dos terceras partes de la pena aplicada a quien perpetre un feminicidio (40 a 60 años), como propuso el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, a través de la adición al artículo 338 quinquie Esta es la segunda modificación que se realiza durante la legislatura en materia de feminicidios, luego que se fortalecieron las penas contra los homicidas de mujeres; además, existe una tercera propuesta para generar una agravante cuando la víctima haya estado embarazada. s de dicho ordenamiento. Por otra parte, se aprobó la reforma a la Ley del Notariado, donde se establecerán aranceles a los fedatarios públicos, de modo que no puedan excederse en los cobros por sus honorarios en los trámites de la población. Estos cambios también prevén el endurecimiento de las sanciones contra los notarios que incurran en anomalías y procesos para resarcir irregularidades durante los trámites, de modo que no se concreten quejas contra los fedatarios. |