El grupo de trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres emitió un diagnóstico de 94 páginas con 11 recomendaciones Guillermo CASTILLO El gobierno de Puebla debe cambiar su Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para adaptarlo a los “más altos estándares en la materia” y el Congreso local necesita reformar cuatro ordenamientos jurídicos que generan discriminación en la entidad. Así lo ha solicitado el grupo de trabajo convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para investigar las condiciones de violencia de género en la entidad, cuyo diagnóstico y 11 recomendaciones fueron notificados ayer a las partes involucradas. El documento de 94 páginas indica en su octava conclusión que el protocolo para la indagatoria de feminicidios, además, necesita ser adaptado a las necesidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Por ello, “debe contener como mínimo el estudio del tipo penal en la entidad, las herramientas de actuación para acreditar las razones de género, el establecimiento de un plan de investigación, el contenido mínimo de la acusación, la formulación de la teoría, el caso y la solicitud de la reparación integral del daño”. Además, la sexta conclusión apunta la necesidad de generar cambios urgentes en la Ley Estatal de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También refiere que los códigos Civil y Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla deben ser reformados de forma inmediata, debido a que su redacción actual genera discriminación y evitan la protección de los derechos de la mujer. En el primer caso, los especialistas proponen actualizar la definición de violencia familiar según los instrumentos internacionales, así como homologar y armonizar la ley en lo referente a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños. En la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, se solicita la “homologación de tiempos para la emisión de órdenes de protección urgentes”, respecto a la ley general. Para el Código Civil se pide incluir la violencia de género como causal de fallecimiento, reconocer este tipo de agresiones como impedimento para contraer matrimonio y establecerle sanciones civiles y reparación del daño, entre otras cosas. Respecto al Código Penal, se llama a elevar a 16 años la edad a partir de la que una persona es víctima de estupro y considerar que es violación si se trata de antes de esa edad, entre otros planteamientos. Además se llama a elaborar los reglamentos de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. Entre las otras nueve recomendaciones, se plantea la creación de un programa de asilos del DIF estatal para proteger a las mujeres adultas mayores víctimas de violencia y mejorar la infraestructura de los ministerios públicos para atender a mujeres violentadas. Asimismo, se señala la inexistencia de información sistematizada y confiable, por lo que se exige al gobierno que garantice el funcionamiento del Banco Estatal de Datos y elabore un diagnóstico estatal dividido por regiones, sobre las condiciones de violencia de género. Sobre el tema, Violeta Lagunes, vocera de la organización De Todos para Todos, exigió la renuncia de la directora del Instituto Poblano de la Mujer (IPM), Verónica Sobrado y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Adolfo López Badillo, por negar la necesidad de esta investigación en la entidad poblana. En contraparte, el secretario general de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, adelantó que el gobierno de Puebla aceptará y acatará todas estas recomendaciones en los seis meses que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) les ha dado para cumplirlas.