Los protocolos de protección para alcaldes presentados por la Secretaria General de Gobierno a los ediles son las recomendaciones mínimas que deben atender para cuidar de su seguridad y, con ello, dar certeza a los ciudadanos de un ambiente de paz y gobernabilidad en los municipios, manifestó el diputado local, Francisco Rodríguez Álvarez. El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso reconoció que estas medidas van desde situaciones muy sencillas como circular a determinadas horas, no acudir a centros nocturnos o evitar lugares donde su seguridad se comprometa y hasta tener contacto directo con el C5 para solicitar apoyo ante alguna emergencia. Consideró que la obligación constitucional de los alcaldes es generar seguridad en los municipios e invertir es esa materia, ya que si el presidente municipal es víctima de algún agravio se genera incertidumbre en la ciudadanía, por lo que se deben tomar en cuenta las medidas preventivas. "No es un tema para alarmar; en Puebla no estamos viviendo lo que en otros estados, donde hay ataques muy claros a la autoridad municipal y no queremos llegar a eso. Todavía siguen las investigaciones de lo sucedido con el presidente municipal de Huehuetlán, pero no se pueden exponer a ser víctimas de delitos que no son necesariamente contra su figura representativa, sino como otro ciudadano", apuntó. Francisco Rodríguez aceptó que hay un déficit de policías y también de recursos para la seguridad en algunos municipios del estado, en especial los que están alejados de la zona metropolitana; sin embargo, siempre se busca que haya coordinación entre los tres niveles de gobierno. En tanto, la Secretaría General de Gobierno, que planteó los protocolos de seguridad, aseguró que se generaron como medida preventiva, ya que el hostigamiento por parte del crimen organizado hacia los alcaldes no es generalizado, pues apenas se han recibido tres denuncias de este tipo. Diódoro Carrasco, titular de la dependencia, también reconoció que las bandas de crimen organizado en Puebla que operan para extraer combustible de manera ilícita, contaminan el modo de vida de los ciudadanos, y aunque el estado coadyuva en combatir este delito, corresponde a la federación atenderlo. |