Erró Moreno Valle en su política laboral: Vanessa Barahona

La delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social consideró que apostar todo al sector automotriz, fue inadecuado

Cuando un mal diseño de la política en material laboral, como es el caso del gobierno de Puebla, arrastra los objetivos de varios niveles de gobierno, los resultados esperados en generación y calidad de empleo no se alcanzan.

Así es lo que se vive en Puebla con una mala visión de estado por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, afirma categóricamente Vanessa Barahona de la Rosa, delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Ella es la responsable de trasladar la política pública en material laboral del gobierno federal a Puebla, a través de una delegación en la que ya suma tres años de "trabajo arduo", como ella lo llama, frente a los nulos avances obtenidos por su antecesor y bajo el cobijo de un gobierno panista.

En un diálogo con El Popular, diario imparcial de Puebla, para revisar el tema laboral en la entidad, Barahona de la Rosa llega con las estadísticas que, asegura, comprueban los alcances obtenidos y que en nada se dimensionan frente a cómo ella recibió la dependencia.

Sostiene que hay avances bajo la política pública del gobierno peñista y aunque también reconoce la complicada situación laboral del estado, que posee una de las tasas de informalidad más altas del país y una tasa de condiciones críticas de empleo más deplorables respecto al resto de entidades, en realidad señala al gobierno morenovallista como el responsable de no dar seguimiento a los avances, hecho que adjudica a una visión de estado donde la única prioridad es el sector automotriz y todo aquello que lleve un sello foráneo.

Foto: Karen Rojas

Doce años de rezago administrativo

Contrario a las corrientes que descalifican alcance alguno de la reforma laboral promovida por el presidente de la República, para Vanessa Barahona ésta legislación ha generado desarrollo. En este sentido, destaca el alcance de los 40 meses, más de 3 años, sin ninguna huelga laboral dentro del marco de jurisdicción federal.

Recuerda cómo recibió la dependencia, cuando apenas daban cumplimiento a 80 expedientes sobre procedimientos administrativos sancionadores, una pequeña cifra comparada con los 300 que en promedio ahora dan resolución, o la nula actualización del Directorio Nacional de Empresas, que incluye un acervo de compañías de jurisdicción federal, el cual se recibió con un registro de mil 800 corporativos y que se ha aumentado a 3 mil 360 firmas, con corte al primer trimestre de 2016. Y es que, advierte, se llegaron a encontrar registros falsos de empresas, es decir, no había una actualización del documento oficial.

Esto derivó en al menos cuatro investigaciones en contra de las autoridades que la antecedieron y que involucran, dijo, al actual senador y entonces secretario del Trabajo y Previsión Social en la gestión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano Alarcón.

"En esa época fueron desmanteladas las delegaciones, hablando de presupuesto y también de personal", menciona.

Agrega que diversos programas no se explotaron de manera adecuada, ni se implementaron en su máxima expresión, y señala que es justo una de las acciones a donde se han enfocado: difundir los programas que se ofertan en la delegación.

 

Reconoce en Puebla, un estado con creciente número de empresas; pero la realidad detrás de esta cifra, es que apenas 30 por ciento cumple con la normativa federal de brindar capacitación a su personal.

"Hablando en términos de habilidades competentes laborales, hay una discrepancia importante en el sentido de que los empresarios deben tomar como bandera no sólo la responsabilidad social, si no como una bandera productiva, de beneficio propio".

Falla la política pública laboral en el estado

Un equívoco diseño de la gobernanza pública, así califica la delegada de la STPS la política pública implementada por el gobierno de Rafael Moreno Valle, a través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).

Es que asegura que esta visión no es sólo de ella como funcionaria representante del gobierno federal en el estado, también radica desde los empresarios, como es el caso del sector de la construcción, que se ha visto "desmantelado y golpeado" tras observar beneficios a foráneos y sin dar voz al empresariado local.

A esto, se suma el apoyo íntegro que se otorga al sector automotriz y que ya alcanza 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que otros sectores productivos como el textil o manufactura de ropa que en antaño fue elogiado, ahora está muy olvidado con acciones gubernamentales que sólo tiene ojos para la llegada de Audi a San José Chiapa, en donde prometieron el arribo de 300 empresas, de las cuales sólo se tiene registro de 60. El resto, dice, sólo Tlaxcala sabe dónde están.

Sobre el conflicto laboral entre obreros sindicalizados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y las constructoras contratadas por Audi, indica que hace poco se tiene acercamiento con la firma alemana a petición de ésta y pese a que el conflicto ya suma varios meses, recién se instaló la mesa de trabajo donde se analizará a detalle el incumplimiento de pago a los trabajadores.

Foto: Karen Rojas

Sin seguimiento estatal, metas del gobierno federal

Como responsable de implementar en el estado la política pública del gobierno federal, Vanessa Barahona reconoce la creciente informalidad laboral, así como la alta tasa de condiciones críticas de empleo.

Ante esto responde que el trabajo debe estar ligado en conjunto con el estado e incluso los municipios, a través de la diversificación de la economía con las diferentes cadenas productivas, tal como Nuevo León o San Luis Potosí que han conformado diversos clústeres (grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial).

"Puebla tiene tradición en el sector productivo más antiguo en México (industria textil y del vestido), aunque se ha descuidado y no se le ha dado impulso, se puede detonar, hay empresarios que han hecho saber que están interesados en reactivar lo que en su momento fue un emporio productivo y que hay con qué, hay conocimiento, hay desarrollo, instituciones educativas…"

Al ser cuestionada sobre el bajo nivel de colocación derivado de las ferias de empleo, responde que el tema deriva de la falta de seguimiento gubernamental a nivel federal y es que, asegura, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) está planteado para que los estados apliquen los recursos federales; por lo que deberían también dar seguimiento a los buscadores de empleos, motivando la colocación de los mismos en un corto periodo.

En ello, justifica la efectividad de apenas 30 por ciento de las ferias de empleo, al considerar que de cada 10 vinculados, apenas logran colocarse 3, y en suma no se les da seguimiento. Registros actuales ubican a 8 mil 226 buscadores de empleo a través de bolsa de trabajo y 4 mil 958 en ferias de empleo presenciales, de las cuales apenas mil 6 lograron colocarse.

"Hay una discrepancia, estamos debajo de la media nacional de desempleo y por otro lado tenemos un nivel alto de informalidad, parte de las razones y explicaciones es que en Puebla no se han podido combatir los niveles de pobreza, tenemos que trabajar en el combate a la pobreza y en la mejora en la productividad de las empresas a través de la capacitación y a través de mejorar los salarios", resaltó.

Aumentas multas, se incrementan expedientes de quejosos

Frente a un escenario donde se han acrecentado las multas contra empresarios por incumplimiento a derechos laborales y donde cada vez son más los trabajadores que buscan el amparo de la STPS para conciliar acuerdos con sus patrones, se pudiera pensar que el clima laboral en el estado no es el adecuado; pero así no lo concluye Vanessa Barahona.

Para la funcionaria, la percepción respecto a este comportamiento, es que los empresarios tienen más disposición de cumplir, lo que aumenta la eficiencia en resoluciones y por ende, el número de expedientes a resolver, esto sin considerar que las multas a empresas aumentaron con lo planteado en la reforma laboral y ahora, los pisos mínimos en sanciones económicas, son los máximos.

La demanda laboral se concentra en asesorías y orientación en temas por despidos injustificados o violaciones a los derechos laborales, explicó la funcionaria. Afirmó que existe aún un amplio número de quejosos por incumplimientos en materia laboral como falta de pago de aguinaldos o utilidades, casos que incluso pueden llegar hasta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que con base en la reforma laboral, ahora deben durar los procesos seis meses o máximo un año, cuando antes se prolongaban en más de dos años.

Foto: Karen Rojas

Por su parte, los empresarios buscan obtener distintivos como el de Empresa Incluyente, Empresa Familiar Responsable o Empresa Libre de Trabajo Infantil, como una manera de implementar políticas laborales en equilibrio.

Destaca el caso del distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, el cual sólo un corporativo poblano ha obtenido como fue el caso del Agroparque La Esperanza que en 2015 alcanzó tal certificación.

Justamente, este distintivo, señala la delegada, es el que ha permitido que disminuya en 530 mil menores, la cifra de niños en el mercado laboral, situación que advierte aún se mantiene como un problema latente que desde 2013 mostró un repunte en específico en el sector servicios y comercio.

En la revisión de las condiciones laborales, informó que durante el 2015 se ingresaron 550 altas al sistema oficial de la delegación, además de 168 modificaciones por actualizaciones o cambios y 242 altas temporadas, estas acciones dijo, se suman a los 529 movimientos por bajas en lo que va del presente año hasta julio, empresas que pudieron cerrar sus puertas o bien cambiar de giro productivos, además de mil 637 movimientos realizados.

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