La presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, señaló que hay un rezago de entre 40 y 50 cuentas públicas para dictaminar, pues se trata de verificaciones complejas que podrían tender a una sanción; sin embargo, se buscará concluirlas antes de la legislatura. "Tengo alrededor de 200 dictámenes listos para poder incorporarse al pleno y puedan ser votados por mis compañeros y en paralelo podamos trabajar con los demás dictámenes porque como ya también se los he mencionado tenemos algunos que nos heredaron de otras legislaturas y yo quisiera entregar la Comisión Inspectora al día para cuando me tenga que retirar", mencionó. La diputada panista sentenció que el análisis de las cuentas públicas para poner a discusión del pleno es un trabajo contable, sin otro fin, y al mismo tiempo recordó que los alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no han acudido con la Comisión Inspectora para analizar las irregularidades detectadas después del proceso electoral. En el caso de los pendientes por juicios de amparo, recordó el caso de Alfredo Arango, exsecretario de Salud en la administración estatal anterior, que ha objetado las sanciones impuestas por mayoría en el pleno del Congreso, asimismo, mencionó de una caso del 2005, donde el funcionario refutó la sanción por más de una vez y se ha aplazado el procedimiento para el dictamen de cuenta pública. En relación a todo lo anterior, Leal Islas señaló que tiene previsto presentar una iniciativa para que sea obligatorio para todas las instituciones tener a un contador como tesorero que se pueda encargar de las tareas de análisis y rendición de cuentas. Dicha iniciativa, estaría emparentada con los cambios propuestos a raíz del Sistema Estatal Anticorrupción que, de acuerdo a las disposiciones federales, entraría en vigor hasta mediados de 2017. |