Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con menos oficiales de protección a la infancia migrante. De acuerdo con el "Informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados por su tránsito por México", elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), únicamente son tres oficiales los que atienden la situación de los menores expatriados que cruzan el territorio poblano. Sólo estados como Nayarit, con un agente, el Estado de México y Zacatecas, con dos oficiales cada uno, se encuentran por debajo de Puebla. Esto coloca a la entidad como una de las que menor protección y atención otorga a los migrantes menores de edad que en su mayoría vienen de Guatemala, Honduras y El Salvador. A lo largo de todo el país se tiene un total de 381 oficiales activos que revisan la situación de los niños desplazados. Los estados que asignan más personal al tema son: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, pues cada uno de ellos destina a más de 20 elementos. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, en el país se cuentan con 132 Centros de Asistencia Social que reciben a los menores migrantes; sin embargo, sólo dos de estos centros se encuentran en territorio poblano. La cifra destaca al compararla con estados como Chiapas, que tiene 15 centros; Sonora, con 16 albergues; y Tamaulipas, que aglomera 12 centros de asistencia social. No obstante, la legislación del estado sí tiene estipulado que se les ofrezca apoyo a los menores que cruzan por la entidad en su camino hacia los Estados Unidos. La Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Puebla dice en su Capítulo 20, Artículo 88 que: "Las autoridades estatales y municipales deberán de proporcionar, de conformidad a sus competencias, los servicios de atención inmediata a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria". Esta ley de protección fue aprobada el 3 de junio de 2015 y, aunque ofrece amparo a niños migrantes, no contempla la creación de procuradurías municipales para ofrecerles la atención necesaria. |