Previo a la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción, aún no se han definido las modificaciones penales para quienes cometan delitos administrativos que dañen la hacienda pública, tampoco se ha integrado una Comisión de Selección –con especialistas en la materia– que elija a quienes formarán parte del Comité de Participación Ciudadana, ni la implementación de Ministerios Públicos donde se pueda denunciar ese ilícito. La Guía de Implementación de los Sistema Locales Anticorrupción, realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, sugiere que para armonizar la ley general se deben fortalecer tres frentes: las responsabilidades penales para quienes cometan esos delitos, responsabilidades administrativas y un nuevo régimen de fiscalización. Además, advierte que la reforma no debe implicar un proceso legislativo acelerado para sumar puntos políticos, sino crear sistemas eficaces; asimismo, que se generen marcos normativos para cada requerimiento, ya que hacer leyes integradoras de funciones, procesos, sanciones y políticas podría derivar en falta de operatividad. Aunque las modificaciones aprobadas por el Congreso de Puebla para instaurar el sistema se apegan en lo general a las recomendaciones del IMCO y de Transparencia Mexicana, éstos hacen énfasis en la necesidad de fortalecer a los órganos fiscalizadores, en este caso, la Auditoría Superior y los órganos de control de las dependencias; ya que investigarán y substanciarán los casos de corrupción para que las sanciones se definan por el Tribunal de Justicia Administrativa. El IMCO señala que se debe garantizar la autonomía e independencia de los órganos de fiscalización; pero no precisa sobre los nombramientos ni sus periodos, aunque sí expone que se deben hacer al final de la adecuación de los marcos normativos. La semana pasada, el Congreso del Estado aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, en el que destaca que el fiscal en la materia sea nombrado por el fiscal general, los magistrados por el titular del ejecutivo durante un periodo de 15 años y las distintas dependencias integren el Comité Coordinador para el seguimiento. Con las modificaciones aprobadas, en el Congreso se inició el trabajo legislativo para la armonización integral, para lo que se prevé la creación de cinco leyes: del Sistema Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas, de Fiscalización Superior, Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la de Procedimiento Contencioso Administrativo. En tanto se prevén cambios a ordenamientos como la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de la Fiscalía General, Ley Orgánica Municipal, Código Penal y Ley del Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla. |