Las personas con discapacidad pueden acceder a instancias de justicia para denunciar la violación de sus derechos humanos, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues bajo esos argumentos se ganó el primer amparo que busca erradicar la exclusión a este grupo vulnerable, explicó Esteban Guevara Montiel, especialista en Derecho. En junio de 2015, el Ayuntamiento de Puebla removió una rampa para discapacitados que se ubicaba a las afueras de un negocio, esto, en el marco de la pavimentación de la avenida 2 Poniente en la colonia Amor. Ante la negativa de la autoridad para reconstruir la estructura, se presentó un juicio de amparo para la protección de derechos, dado que se vulneraron los principios de accesibilidad. "La sentencia obliga al Ayuntamiento a reparar el daño en la rampa de esta persona, la intención de la investigación es dotar de información y que las personas con discapacidad conozcan sus derechos y sepan que el tratado internacional los protege de manera jurídica, es decir, que se puede proceder en un juicio en caso de violación a derechos humanos, no así atender una queja en la comisión que desencadenaría en recomendación", indicó. Esteban Guevara precisó que este amparo se ha ganado de manera histórica, porque es el primero que se obtiene a nivel nacional y en favor de una persona con discapacidad, atendiendo a lo que ya se encuentra establecido en los marcos normativos, pero que se ignora. Guevara Montiel señaló que en el estado de Puebla ha detectado la falta de políticas públicas efectivas para incluir en la dinámica social a las personas con discapacidad, ya que la ley en la materia "es letra muerta" y no ha funcionado lo que se estableció en ella. En ese sentido, explicó que su investigación propone tres líneas de acción: colaboración interinstitucional, accesibilidad en espacios públicos, así como en el transporte. "El Estado mexicano de establecer lineamientos para llevar a cabo la convención, porque es jurídicamente vinculante la violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad y esas faltas podrán ser materia jurisdiccional, pero tenemos que informarlo, para exigir el cumplimiento, el objetivo es que las personas con discapacidad sepan que se puede acudir a la justicia para defender sus derechos", aseveró. El especialista señaló que el primer paso para generar inclusión es contar con las condiciones de accesibilidad en espacios públicos y transporte, de otra forma, prevalecerá la segregación de este grupo vulnerable en el ámbito social, laboral y educativo. "Ya no queremos que haya políticas públicas asistencialistas porque se tiene a las personas con discapacidad recogiendo sus despensas cada mes y su transporte a la clínica, pero eso no funciona", agregó. En ediciones pasadas esta casa editorial informó que el gasto para atender a las personas con discapacidad es mínimo al concentrarse un promedio de 120 millones de pesos anuales. |