Obstruye reforma a la justicia laboral en Puebla
Los cambios a la legislación y el cierre de juntas y tribunales arbitrales causan retrasos en la resolución de expedientes y juicios
Con personal reducido al mínimo por despidos del gobierno del estado, con infraestructura vieja y con más de 20 mil expedientes pendientes, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Puebla enfrentará cambios de la Reforma Laboral con el riesgo de retrasos en resolución de juicios que de por sí son largos. Primero el Senado y luego la Cámara de Diputados, aprobaron que estas juntas y los tribunales de arbitraje que resuelven conflictos laborales, ya no estén a cargo del presidente y gobernadores, sino del Tribunal Superior de Justicia. El siguiente paso para que desaparezcan las juntas y tribunales como hasta ahora se conocen, es que la reforma se apruebe en al menos 16 congresos locales y será en los artículos transitorios en donde se establezca los tiempos a cumplir. Aunque hay legisladores y líderes sindicales que promueven los beneficios a la reforma, abogados laborales críticos a ella ven como un inconveniente el estado en que se encuentra la justicia laboral en Puebla, aún antes del cambio. El abogado laboral, Abelardo Cuellar Delgado, indicó que sólo de 2014 a 2015, la planta laboral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que ve por los derechos de trabajadores de la iniciativa privada, se redujo de 130 a 45 servidores. "Llegan con un exceso de trabajo, con poco personal y con una infraestructura que, por ejemplo, en equipo de cómputo, siguen teniendo computadoras de hace 5 o hasta 10 años y sin programas actualizados", dijo. Parte del trabajo, explicó, es por otro lado atendido por practicantes universitarios que no tienen experiencia y que además se desempeñan con características propias de la explotación laboral. En la opinión del especialista, con la transición tras la reforma, podrían retrasarse aún más los casos por suspensión de audiencias, el despido masivo de personal con experiencia y la llegada de quien no lo tiene. Para Samuel Porras Rugerio, también abogado laboral, esta nueva reforma se suma a otras más que en la últimas dos décadas desfavorecido los derechos y acceso a la justicia de los trabajadores. El primer paso, recordó, fue modificar el sistema de pensiones que se basaba en aportaciones de trabajadores jóvenes, a cuentas personales que dependen de la capacidad de ahorro de cada empleado y se sujetan a bajos sueldos. Otra reforma más fue la que puso como límite máximo, un año de pago de salarios caídos a pagarse por los patrones que sean llevados a juicios por despidos injustificados y los pierdan, aun cuando el proceso pueda llevar más años. Tanto la forma en que se ha desarmado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como la nueva reforma que cambia a los responsables de impartir justicia, opinó Porras Rugerio, están pensadas para desanimar al trabajador. "No sólo se busca inhibir el reclamo de los derechos sino que si lo intenta se le vuelve una carrera de resistencia. Lo que oímos coloquialmente es que: me traen a vueltas y vueltas, eso desanima a muchos trabajadores y muchos abandonan sus juicios en el trámite", comentó. Mientras la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla ha registrado despidos y condiciones adversas, en el Tribunal de Arbitraje, el cual resuelve problemas de trabajadores estatales, siempre ha sido poco el personal y su carga de trabajo ha incrementado. Durante este sexenio, recordó al respecto Porras Rugerio, la administración del gobernador Rafael Moreno Valle ha despedido a más de 14 mil burócratas y corresponde a una oficina de menos de una decena de empleados atender sus casos. |