Por causar un daño ptrimonial de 9 millones 170 mil 870 pesos, cuatro exfuncionarios públicos tendrán que reintegrar a la hacienda un total de 13 millones 200 mil 289 pesos, además que estarán inhabilitados hasta por 11 años. Se trata del titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach), Agustín Chánez González, a quien se le detectó el daño patrimonial más grande, por 6 millones 946 mil pesos y tendrá que pagar un total de 10 millones 420 mil 210 pesos, así como enfrentar una inhabilitación por 11 años y 6 meses. Por montos más bajos también se les sancionó a los presidentes municipales de Atexcal, Atlequizayán y Hueytlalpan, quienes recibirán además una inhabilitación por seis años. El pleno del Congreso aprobó por unanimidad cuatro cuentas públicas correspondientes al 2014 de los presidentes de Tlapacoya y Xochiltepec, de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, así como la de Xicotepec de Juárez, en tanto, con dos votos en contra, el Poder Legislativo avaló el ejercicio fiscal del presidente municipal de Santiago Miahuatlán. Por otra parte, los diputados aprobaron el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades al presidente de Atzitzintla en el año 2012 y al de Santo Tomás Hueyotlipan en 2014. Aún no se dictamina la cuenta pública del expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pese a que también la Comisión Inspectora del Congreso del estado anunció que agilizaría el proceso para terminar con el rezago. Cuestionado sobre el tema, el presidente de la junta de gobierno y coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, descartó que el Legislativo no apruebe la cuenta pública de Eduardo Rivera por pertenecer a un grupo político diferente, por el contrario, señaló que el análisis de sus últimos días como alcalde tiene observaciones, aunque omitió detallar cuáles. Por separado, el integrante de la Comisión Inspectora, RosalíoZanatta Vidaurri, indicó que para antes que concluya el tercer periodo todas las cuentas públicas deberán dictaminarse. |