A modo y con vicios, Instituto de Transparencia

El sello que caracteriza al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en el tema de transparencia es el de una enorme regresión que obstaculiza el acceso a la información, incluso con barreras que nunca se habían visto en la administración de Mario Marín Torres y que al cierre del año 2016 advierten de la conformación, a modo y con vicios en el ejercicio de cumplimiento constitucional, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Este es el escenario que plantea la directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla y expresidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Lilia Vélez Iglesias, en entrevista con El Popular, diario imparcial de Puebla.

Señala los tiempos establecidos por la LIX Legislatura del Congreso local en la emisión de la convocatoria para integrar el nuevo Instituto de Transparencia y el poco conocimiento del derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía, que si bien se observa más activa, necesita tener mayor conocimiento sobre este derecho.

Llama tanto a organismos civiles, como empresariales, universidades y medios a revisar el actuar gubernamental como parte del sistema democrático que se conforma en Puebla y en el país; considera necesario tener interés en lo que será un instituto responsable de un derecho constitucional y que en su conformación padece omisiones de un cuerpo legislativo sumiso ante la figura del gobernador.

Lilia Vélez lamenta que el propio Congreso fije sus plazos sin ojo crítico y que sean los diputados quienes incumplan sus propios plazos, limitando a la ciudadanía sobre los mecanismos de exigencia y sanciones; es decir, la rendición de cuentas desde el cuerpo legislativo.

¿Vamos para atrás en transparencia?

Nuestra evaluación de este sexenio es que hay una enorme regresión. No quiere decir que el sexenio anterior haya sido muy bueno: a pesar de que no fue muy bueno y de que hicimos muchas críticas, sí creemos que en la actual administración hubo regresiones muy graves y una serie de estrategias implementadas desde el gobierno del estado para obstaculizar el acceso a la información, algo que no pasaba en el sexenio de Mario Marín. Hay que decirlo: el cambio de modalidad de entrega es algo que identificamos como estrategia clara para impedir el acceso.

Yo pido la información y pido que se dé a través de Infomex o de la Plataforma Nacional de Transparencia; es decir, desde mi casa lo consulto, no tengo que ir a la oficina y esto se considera uno de los grandes avances que México ha hecho en este marco jurídico. Hay estudios que prueban que incorporar este tipo de sistemas electrónicos, facilita el ejercicio del derecho.

Este gobierno consistentemente te cambia la modalidad de entrega y el argumento que da es ridículo, porque te dicen "no te puedo entregar la información porque no está digitalizada". Esa es una estrategia que han usado, estamos haciendo justo ahora una serie de solicitudes para ver el porcentaje, pero hay sujetos obligados que en más del 50 por ciento de solicitudes han cambiado la modalidad de entrega: llegas a la oficina y te dicen que no está el de la unidad de acceso y tienes que volver a hacer la cita y cuando llegas al lugar te dan la información, pero no puedes tomarle fotos ni escanearla con las aplicaciones que hay. Tienes que escribir, copiar lo que interese en papel con pluma o en computadora, si llevas; pero no puedes tomar copias o escanear, eso evidentemente es una estrategia de obstaculización y es claro que reservan información que debe ser pública porque involucra uso de recursos públicos.

¿En qué beneficia la creación de un Instituto de Transparencia?

El asunto del nombre no es relevante, sino el tema de las características en cuanto a su autonomía que en el caso de Puebla, desde la reforma legislativa anterior, que se hizo en 2010, ya le daba autonomía constitucional que era algo que se hizo a nivel federal. En la última reforma que se trabajó, en el Pacto por México se le dio autonomía constitucional a los órganos garantes, incluidos el IFAI, que se transformó a INAI.

La CAIP ya era un órgano constitucional autónomo, pero a partir de la reforma federal se refuerzan atribuciones que tienen que ver con lo que establece la Ley General de Transparencia, esto quería aclararlo porque pareciera que cambiar el nombre es lo que hace distinto al órgano garante y en realidad no; lo que lo hace distinto son las nuevas atribuciones que tiene y que se integra al Sistema Nacional de Transparencia que se forma o que se diseña a partir de la reforma federal y que de alguna manera busca que haya una mayor armonía y homogenización de lo que ocurre en materia de transparencia en el país.

Hemos criticado de este cambio de nombre que se debió hacer en mayo cuando se hizo el proceso de armonización de la Ley Estatal con la Ley General de Transparencia. El Congreso federal fijó un año para que todas las leyes del país se armonizaran con la Ley General y el plazo vencía en mayo. La verdad, hicieron un proceso muy rápido como suele hacerlo este Congreso, con muy poca discusión y poco tiempo.

Un grupo de organizaciones y universidades solicitamos formalmente al Congreso participar en esa discusión, pero hubo una enorme resistencia y debimos interponer un amparo porque no nos respondían; finalmente hubo una posibilidad de, un día antes de que aprobaran, hacer algunas revisiones. Ahí es cuando se debió cambiar el nombre en la Constitución y armonizar Constitución y ley para que quedara el nombre de Instituto de Transparencia.

Otra cosa que nos llama la atención es que en ese momento no se estableció que iba a haber un cambio de todos los comisionados, como sí se hizo a nivel federal, cuando se hace la reforma se decide que todos los comisionados que estaban en el IFAI saldrían aunque no terminaran su periodo y se haría un proceso de renovación completo. Se hizo un proceso muy interesante en donde un grupo de organizaciones participaron en el proceso de selección de los nuevos comisionados y muy de cerca con los senadores integraron un instrumento, estuvieron en las comparecencias de los aspirantes y después integraron una lista con los mejores perfiles.

Lo que pedíamos, no sólo el Consorcio Universitario de Puebla, sino organizaciones como Transparencia Mexicana, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y otras organizaciones importantes a nivel nacional, es que se hiciera el proceso de uno de los comisionados que terminaba su periodo, el actual presidente Javier Fregoso, y de pronto el Congreso sale con que va a cambiar a todos los comisionados. Acepta parcialmente cierta apertura porque finalmente decide que haya un asesor de la sociedad por grupo parlamentario y lanza una convocatoria violando el tiempo, porque la Ley de Transparencia es muy clara: dice que la tercera semana de octubre se debe emitir la convocatoria, el plazo se venció.

¿Cómo observa la participación de los ciudadanos, pese a estas barreras, hay mayor interés o se mantiene estático?

Hay poco conocimiento del derecho y éste puede ser utilizado con distintas intencionalidades desde las de tipo político, las de vigilancia, la rendición de cuentas…, pero al ciudadano común lo que tendríamos que decirle es 'este derecho te sirve para habilitarte y tener otros derechos' por ejemplo ¿qué programas existen, como podemos tener acceso a ellos, qué obra pública será hecha cerca de tu casa? El derecho le da sentido al ciudadano.

Lo que hemos visto es que ha empezado a haber un grupo de personas en el país que ya conocen más, piden cosas, pero ha sido un proceso lento. Quienes más usan el derecho en el caso de Puebla son estudiantes y eso es interesante, pues se han multiplicado asignaturas, programas, diplomados, pero todavía hay sectores que están muy rezagados, uno en especial es el de los empresarios. En Estados Unidos los empresarios usan mucho su ley de información que, por cierto, es mucho menos avanzada que la mexicana.

¿Darán seguimiento a la conformación del Instituto de Transparencia de manera puntual?

Es un proceso que se hace muy aceleradamente sobre las rodillas y eso tiene una intencionalidad, pero sí vamos a observar, no vamos a participar -el Nodo de Transparencia y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)- en el sentido que ellos han propuesto, porque nos parece una participación acotada y muy de conveniencia para el Congreso.

Después de una amplia discusión con el grupo que está participando, decidimos no legitimar un proceso que creemos que de entrada es viciado, entonces lo que vamos a hacer es observar y al final del proceso dar un posicionamiento principalmente sobre este hecho de cambiar a todos los comisionados, la convocatoria que salió tarde y violando la ley y el poco espacio para que se pudieran presentar aspirantes.

¿Pasa lo mismo con el Sistema Estatal Anticorrupción?

Justo sobre el Sistema Estatal contra la Corrupción, este viernes hubo una reunión entre el Consorcio Universitario y la Coparmex porque también se firmó una solicitud y se entregó un primer documento en donde se daban algunos puntos de las iniciativas, son tres: la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas que sería como el equivalente estatal de la 3 de 3 que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Orgánica de la Administración Pública.

No pueden tener retrocesos con respecto de lo que plantean las leyes generales (…) se acordó una nueva reunión para entregar un documento mucho más puntual con señalamientos muy precisos sobre lo que vemos en las iniciativas y ahí sí, decir que qué bueno que se pueda trabajar en el tema de la Legislación Secundaria.

Pero con lo que ocurrió con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción aprobada hace tres semanas, notamos nuevamente una iniciativa enviada desde el gobierno del estado que se aprobó rápidamente sin discusión y sin participación ciudadana, y sí detectamos algunas inconsistencias que nos parecen graves con respecto a lo que se dio a nivel nacional, incluso en los mecanismos de nombramiento de los órganos.

Hablamos de que en mayo se tenía que armonizar y se hace tres o cuatro meses después, ¿no hay nada que sancione este incumplimiento?

La fecha límite era el 5 de mayo y cumplieron el 4 de mayo se publicó la ley estatal, lo que sí cumplieron fue en armonizar la ley estatal, aunque en realidad abrogaron la ley que había y aprobaron una nueva, pero se les olvidó la reforma constitucional que tendría que armonizar la ley con la constitución y eso es muy grave; porque en términos de jerarquía nos guiamos primero por la constitución y después por la ley. Ahí hay omisión legislativa. Los congresos estatales y el propio Congreso de la Unión fijan sus propios plazos, normalmente los incumplen y no hay sanción, es un problema esta falta de rendición de cuentas del Poder Legislativo en lo particular.

Esa forma de controlar el Legislativo sería gravísimo si realmente llegara Moreno Valle a la presidencia…

Sería una regresión en términos generales. Sería una regresión autoritaria terrible la que viviríamos a nivel nacional, aunque en el ámbito nacional hay otro tipo de contrapesos, incluida la prensa, que aunque puede alinearse mucho y es muy heterogénea, tiene diferentes niveles de incidencia, pero también hay otras organizaciones con más peso, sin embargo, creo que podría decir que hay un riesgo de autoritarismo.

Los congresos que han operado son congresos sin debate, sin oposición, donde todo se aprueba rápidamente, sin discusión sin oposición. Lo más grave es que este gobernador y su grupo llegó al poder ofreciendo ser diferente, criticando los gobiernos del PRI y diciendo que eran una nueva forma de gobernar, comprometiéndose a profundizar y llevar a cabo un proceso de transición democrática.

Lo ocurrido en el pasado es criticable, identificamos al PRI con conductas autoritarias, pero si alguien llega a ofrecer algo distinto y es lo mismo y controla y prefiere el autoritarismo no sólo en el Congreso sino en órganos autónomos, como la CAIP y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Auditoría del Congreso Estatal el propio organismo Electoral…

Con este escenario que se plantea a nivel nacional y estatal, la gente prefiere perder libertades con tal de tener, por lo menos, trabajo seguro…

Es un tema complejo que tiene que ver con lo que ocurre en América Latina con respecto de qué tanto estamos valorando la democracia como sistema de gobierno frente a las problemáticas que vivimos y qué tanto ciertos tipos de mecanismos vinculados a la democracia y ciertas libertades vinculadas a la democracia, estamos dispuestos a ceder para que se nos vayan restringiendo a cambio de seguridad, de estabilidad económica, de seguridad laboral. Creo que en sentido estricto, los ciudadanos decimos 'prefiero no tener libertad de expresión o tener más restringida mi libertad de tránsito, pero que me garanticen seguridad' eso ha estado pasando en el caso mexicano.

En el tema de la seguridad es importante porque la principal obligación del Estado es garantizar la seguridad; las teorías contractualistas dicen que los seres humanos nos organizamos y estamos dispuestos a ceder cierta parte de nuestra libertad, se supone que la teníamos en el estado natural, pero ¿a cambio de seguridad en dónde vamos a estar? Lo que estamos viendo es un Estado Fallido. Hay muchos estudios interesantes que correlacionan mayor grado de ciudadanía con Estado de Derecho y obviamente seguridad. En estados como el nuestro, en donde hay una enorme impunidad y no hay Estado de Derecho, la ciudadanía tiende a restringirse o replegarse y no a arriesgarse; tiende a construir más muros; nos encerramos en nuestro fraccionamiento, nos encerramos en nuestros grupos.

Tenemos un presidente cuestionado, aspirantes y el mismo gobernador del estado sistemáticamente violando las leyes electorales, tratan de burlar las leyes con vacíos

En el tema de corrupción, en México se debe arreglar el asunto estructural-sistémico, el componente cultural está vinculado a la estructura, hay un sistema que se diseñó para facilitar la corrupción y que genera más incentivos para ser corrupto que para no serlo. De hecho es muy caro no ser corrupto en México, a ti como ciudadano te cuesta no ser corrupto. Por eso necesitamos un sistema que cambie esto, en la medida que tú tienes incentivos para ser honesto lo serás y los incentivos son los castigos y las sanciones. Hemos empezado a dar pasitos muy lentos en cambiar el sistema. Hay un rechazo social a la corrupción.