Karen ROJAS | La ley actual en la materia, aprobada en 2007 en el estado se muestra rezagada ante las de otras entidades. Ley de género de Puebla, congelada en el Congreso
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El Diagnóstico de Violencia contra las Mujeres registra omisiones, vacíos legales y nulos estatutos homologados a nivel nacional
Vacíos legislativos, omisión en agresiones contra la mujer y falta de homologación respecto a los estatutos a nivel nacional, son observaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, donde se advierte de carencias normativas para garantizar la erradicación de la violencia en contra de las mujeres.
Este lunes, la CNDH publicó los resultados de su Diagnóstico de la violencia contra las mujeres a partir de las leyes federales y de las entidades federativas con actualización al año 2016, donde se observan señalamientos similares a los realizados, en julio de este año, por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
Gráficos: Cortesía
Sin incluir la violencia en el noviazgo o pareja, así como la violencia política, la Ley en la materia del Estado de Puebla se muestra deficiente, donde además de esto, no se señalan afectaciones psicológicas, contrario a estatutos en nueve estados del país que prevén que las mujeres padecen afectaciones psicológicas o psicofísicas al ser víctimas de violencia de género.
Otro de los vacíos señalados radica en que la ley estatal no prevé la violencia contra los derechos reproductivos, contrario a cinco estados del país que si lo plantean. Esta omisión se refiere al acceso de las mujeres a los mecanismos de control de natalidad legalmente permitidos; así como a los servicios obstétricos que garanticen un embarazo sin riesgo y un parto seguro.
La entidad poblana carece también de la existencia de una relación de poder al momento de una violencia sexual, pese a estar previsto en la regulación federal y en la legislación de 18 entidades del país donde se aborda la supremacía masculina y con ello, una denigración hacia la mujer al concebirla como un objeto. Son 11 entidades, entre ellas Puebla, donde no se hace referencia a la relación de poder en una violencia sexual, mientras que en las 22 restantes, se plantea la denigración de la mujer como objeto.
La intencionalidad del agresor es otro de los señalamientos de la CNDH en su diagnóstico, al ubicar solo nueve leyes que refieren de la intención del victimario, donde Puebla no figura. Escenario similar se observa al revisar la identificación de las víctimas, que si bien se puede sobreentender por el titular de la Ley en el estado, hay 17 estados que precisan sobre las mujeres como víctimas, y en algunos casos con mayor detalle: "de cualquier edad".
Con una legislación que data del año 2007, reglamentos de Ley en 2009 y con 12 leyes que definen distintos tipos y modalidades de violencia, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla se presenta rezagada frente a otras entidades del país donde las últimas legislaciones son incluso del 2016 como el caso de Coahuila y San Luis Potosí.
En julio de este año, El Popular, diario imparcial de Puebla, reveló que el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, advirtió sobre la falta de una armonización total de legislaciones referentes a temas de derechos humanos de las mujeres, y en el caso específico de Puebla, sobre los programas de prevención al no plasmar acciones dirigidas en cuanto a la prevención de acoso sexual, discriminación y reparación del daño cuando se ejerce violencia feminicida.
En noviembre de este año y ante la alta cifra de feminicidios, el gobernador Rafael Moreno Valle envió al Congreso local una iniciativa de Decreto que adiciona el Artículo 338 quinquies del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, donde se eleva la edad de la víctima de estupro y castiga como violación a quien tenga relaciones sexuales con una menor de 14 años; además, el homicidio de una mujer en relación de parentesco, se sancionará como feminicidio; no obstante, el Congreso local no ha promovido una legislación integral en la materia.
Cifras de organismos sociales en Puebla advierten de 81 feminicidios en lo que va del año, no obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta sólo 42 casos a octubre de este año.
En la actualidad, la entidad enfrenta un procedimiento de solicitud de alerta de género, pese a ello, la CNDH advierte que la legislación local hace referencia al procedimiento federal en cuanto alerta de género sin propiciar un análisis legislativo desde lo local, como ocurre en ocho estados del país como Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
