Tehuacán, rehén de pugna política

Por filias partidistas, el gobierno del estado y el del municipio de Tehuacán se han negado a trabajar de manera conjunta, dejando a los ciudadanos sin obras públicas, acciones en materia de seguridad y otros servicios para atender la población del segundo ayuntamiento más grande de la entidad.

El conflicto inició cuando la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez se negó a participar en el programa Peso a Peso, uno de los más redituables del gobierno del estado para lucir e inaugurar obras en la gran mayoría de los ayuntamientos.

Fernández Méndez ganó una de las batallas más importantes al gobernador Rafael Moreno Valle, al recuperar el cobro del catastro, luego de que éste le retirara la facultad de recaudación en el municipio. La presidenta acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la instancia le restableció la facultad.

Con esa disputa, el municipio perdió su estabilidad económica, ya que el litigio duró un par de meses hasta el resolutivo de la corte. En su momento, la presidenta acusó que Moreno Valle pretendía financiar sus aspiraciones políticas a través de la recaudación de la segunda ciudad más habitada en la entidad.

En todas sus visitas a Tehuacán, el gobernador ha referido que Ernestina Fernández se ha negado a participar en el programa Peso a Peso y en los de beneficio a la economía familiar. Fue el caso la construcción del Centro Integral de Participación Ciudadana que la presidenta se negó a pavimentar los accesos del inmueble.

En la gira de trabajo, que tuvo lugar en marzo de este año, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano acusó que la alcaldesa se había negado a inscribirse al programa de escrituración gratuita para inmuebles con un costo menor a los 500 mil pesos, ya que tenía que condonar el dos por ciento del valor catastral.

A los señalamientos de la administración estatal, se suma también una supuesta negativa de la presidenta para la donación del terreno donde se ubicaría la Casa de Justicia del municipio, así como la entrega de otro predio para la construcción de un arco de seguridad; no obstante, la presidenta señaló que no hubo rechazo, más bien, el gobierno prefirió no tomar los lotes que se le ofrecieron.

Desde que inició la administración de Ernestina Fernández, la incidencia delictiva en Tehuacán se ha disparado y el gobierno del estado no ha fortalecido al municipio con más elementos ni estrategias de seguridad, en cambio, Rafael Moreno Valle ha amagado con tomar la atribución de la seguridad.

Apenas en octubre, el Ayuntamiento de Tehuacán anunció que ya no pagaría el seguro de las piezas que se exhiben en el Museo de Mineralogía, cuestión que el gobernador del estado criticó en seguida dado que el municipio recibe millones de pesos en participaciones federales; sin embargo, anunció su rescate y comprometió que su administración pagaría el seguro.

Hace unos días, Ernestina Fernández también anunció que no trabajará en inversiones conjuntas con la próxima administración que encabezará Antonio Gali Fayad y de nueva cuenta, acusó que Rafael Moreno Valle impide la transferencia de recursos para el municipio.

A finales de julio, el Congreso del Estado inició un proceso administrativo contra la presidenta de Tehuacán por irregularidades halladas en su cuenta pública 2014; después, varios grupos de ciudadanos solicitaron su destitución del cargo, en tanto que el jueves pasado, el legislativo resolvió que hubo daño patrimonial por más de 76 millones de pesos, aprobando así su inhabilitación por 12 años y por ende, su destitución del cargo.