A un día de su sexto informe de labores, donde el gobernador Rafael Moreno Valle destacó una ampliación en cuanto a servicios de salud y abastecimiento de medicamentos que colocan al estado en primer lugar nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le emitió una recomendación para que provea al Hospital de Pahuatlán de médicos especialistas, esto luego de confirmarse la violación a los derechos humanos de una mujer que provocaron la muerte de su hijo al nacer.

La recomendación 58/2016 también está dirigida al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, ante violaciones a los derechos a la salud, al consentimiento informado en servicios de anticoncepción y a la libertad y autonomía reproductiva en agravio de una mujer indígena náhuatl y su hija recién nacida.

Los señalamientos se enfocan en la falta de atención y cobertura de los hospitales Integral de Pahuatlán de Valle y General de Tulancingo, dependientes de la Secretaría de Salud de cada estado, donde se responsabilizan a los médicos de ambos nosocomios, por una inadecuada vigilancia y dilación en la resolución obstétrica de practicar una operación cesárea a la víctima de 21 años de edad.

El hecho quedó asentado en el expediente CNDH/4/2015/8214/Q, cuando el 6 de septiembre de 2015 una mujer acudió al Hospital Integral de Pahuatlán, porque su bebé estaba a punto de nacer; sin embargo, no fue atendida debido a que un servidor público le indicó que "no se contaba con ginecólogo, anestesiólogo ni pediatra", por lo que le indicaron que debía ser trasladada al Hospital de Huauchinango.

Sin embargo, el traslado no se realizó por no existir las condiciones materiales ni de personal para llevarlo a cabo, según plantea el expediente; no obstante, la víctima llegó por su cuenta al Hospital General de Hidalgo, donde fue internada y dio a luz una niña que presentó complicaciones que le produjeron inestabilidad cardiorrespiratoria y la muerte.

Además, se determinó que a la paciente se le colocó el DIU (dispositivo intrauterino, método de planificación familiar temporal), sin su consentimiento informado, lo que constituye un acto de violencia obstétrica y una afectación a su derecho a la libertad y autonomía reproductiva.

Ante esta situación, la CNDH recomendó al gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, proveer al Hospital de Pahuatlán, de especialistas en ginecología, obstetricia y pediatría, para atender de forma oportuna las urgencias obstétricas durante el turno nocturno, y contar con el servicio de ambulancia y de un operador de vehículos que esté disponible todo el año.

En su sexto informe de gobierno, el mandatario destacó alcances en material de salud como: reducción del 28 por ciento en mortalidad infantil en menores de 5 años; construcción, dignificación y equipamiento de 50 hospitales; edificación y rehabilitación de 544 centros de salud y el primer lugar nacional en ampliación de acceso a servicios de salud.

Por su parte, el gobierno de Hidalgo está obligado a reparar el daño a las víctimas, que incluye compensación y rehabilitación y a otorgar atención médica de seguimiento a la mujer y su esposo en el Hospital General de Tulancingo.

La víctima de este hecho deberá ser inscrita en el Registro Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de cada entidad federativa.

Con esta recomendación ya suman dos en dos meses, ya que, en diciembre de 2016, el gobierno poblano también fue observado por la CNDH; en dicha ocasión, por un caso en Cuetzalan, donde un bebé perdió la vida en el Hospital General de esta ciudad por un mal diagnóstico.

En este caso fue la recomendación 54/2016, dirigida al gobernador y a seis funcionarios más pertenecientes al Hospital General de Cuetzalan, por el caso de una mujer de 21 años que acudió el 19 de agosto de 2014 al hospital antes referido; un mal tratamiento médico hizo que su hijo recién nacido falleciera por cardiopatía congénita cianógena y síndrome de aspiración de meconio (heces fecales).

La mujer había acudido al hospital al presentar trabajo de parto y líquido vaginal, pues ya tenía 38.5 semanas de embarazo; sin embargo, el personal del nosocomio le indicó que no tenía suficiente dilatación, por lo que la regresaron a su casa, hecho que ocasionó el fallecimiento del bebé un día después.

Con esto, se comprobó que los servidores públicos de la Secretaría de Salud omitieron la realización de estudios para verificar la ruptura de membranas de la mujer, lo que propició que el bebé tuviera bradicardia, líquido meconial espeso, sufrimiento fetal y asfixia. El caso incurrió en una violación a la Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-1994, pues la mujer fue atendida por un médico residente y no por un médico titular.

Tras darse a conocer este hecho, se le recomendó a la Secretaría de Salud del estado reparar el daño a la mujer que incluye compensación y rehabilitación, atención médica y psicológica.

En septiembre de 2016, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ubicó a Puebla como la tercera entidad con más quejas en contra de los prestadores de servicios de salud por una mala atención obstétrica, contabilizando un total de 16 casos.

En Puebla, de acuerdo con un análisis de esta organización civil dedicada al seguimiento de casos de violación a los derechos reproductivos de las mujeres, no se tiene una ley local referente a la violencia obstétrica, lo que propicia casos de violación a los derechos de las mujeres.