Una vez terminado el último informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, una decena de organizaciones civiles, a través de un acto simbólico en el Zócalo de la capital poblana, mostraron cifras que distan del discurso oficial, ya que expusieron las supuestas arbitrariedades a las que fueron víctimas en el mandato del gobernador. Los preparativos para la despedida del todavía mandatario del estado iniciaron cerca de las 16 horas en la Angelópolis; asimismo, un grupo de personas se aglomeró para solicitar el encarcelamiento de Moreno Valle, pues afirmaron que al terminar su gestión dejó un estado endeudado, con daños en el tema de los derechos humanos y con la centralización de beneficios para unos cuantos. Durante el conocido como contrainforme en el Zócalo, el segundo en hacer uso del micrófono fue Eudoxio Morales Flores, académico y miembro del Observatorio de Economía y Finanzas de la facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien documentó la deuda pública del gobernador en su obra La democratura en los tiempos de Rafael Moreno Valle. En su proceso de investigación dictaminó que la deuda pública heredada a José Antonio Gali Fayad será cercana a los 150 mil millones de pesos; de igual manera, subrayó que se tardará hasta 50 años en saldar los adeudos, siempre que se mantenga un uso moderado del presupuesto por parte de los mandatarios futuros. "(Moreno Valle) ha hecho muchos negocios por todos lados y ha creado muchos hoyos financieros en todos lados. (…) Las finanzas públicas en Puebla están completamente desfalcadas". El investigador dijo que Moreno Valle dejó protegidos sus negocios, al colocar a sus allegados en puestos clave, como el fiscal del estado Víctor Carrancá Bourget o los consejeros del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaip), pues intenta evadir la cárcel. Aunado a lo anterior, Eudoxio Morales Flores opinó que las aspiraciones del gobernador de ser candidato presidencial son exageradas, cuando su grado de opacidad y corrupción se igualan a los de sus homólogos acusados por desviación de recursos como Javier Duarte Ochoa y César Duarte Jáquez; sin embargo, la mayor diferencia con ellos, es que supo disfrazar sus actos ilegales. Los grupos que se dieron cita a las manifestaciones en contra del gobernador fueron el Barzón Poblano, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre y el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), así como el Centro de Derechos Humanos "Ignacio Ellacuría" de la Universidad Iberoamericana. UPVA se queja ante la ONUA través de un comunicado, la 28 de Octubre informó que su dirigente Rita Amador López sostuvo su primer encuentro formal con Michel Forst, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde hablaron sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, además expusieron la persecución que vivieron los activistas durante el sexenio. Durante la reunión la representante de los comerciantes informales expuso la privación de la libertad de expresión que sufren, pidió que los ayuden con la liberación de los presos políticos y que se cancelen los procesos de investigación interpuestos en contra de la UPVA. |