Durante el último mes de la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CEDHP) lanzó tres recomendaciones al mismo número de dependencias de su gobierno.

Las violaciones se señalaron a la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP).

Estas recomendaciones aparecían hasta el 31 de enero de 2017, último día del sexenio, como en trámite y a excepción del fiscal Víctor Carrancá Bourguet que se mantiene en el cargo gracias a una reforma legal, en las otras dependencias responderán nuevos funcionarios.

Asimismo, los tres casos se caracterizan por haber ocurrido a lo largo del año 2014 y por tener una respuesta hasta enero de 2017 en vísperas del fin de la administración.

El caso de la Secretaría de Salud es una acusación más por violencia obstétrica, esta vez en el Hospital de la Mujer de Tehuacán, que se suma a tres que señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese rubro.

En este caso el órgano estatal describe cómo una mujer originaria de Tlacotepec y transferida al nosocomio mencionado en diciembre de 2014, recibió mala atención médica.

Aunque ya mostraba síntomas de parto cinco días antes del nacimiento, este se prolongó y el bebé nació con daños neurológicos y murió en marzo de 2015.

Mientras que a la secretaría se le ordena casi dos años después que brinde atención médica y psicológica a la madre y capacitar al personal del hospital en materia de derechos humanos, a la Contraloría se le pide investigar.

Además de este caso de Tehuacán que se observa a nivel estatal, los señalamientos que hizo la CNDH en el sexenio, también por partos mal atendidos a nosocomios de Acatlán de Osorio, Cuetzalan y Pahuatlán.

El caso del ISSSTEP, el caso data de violaciones que llegaron a un clímax por riesgos en 2014, a una paciente de 20 años que fue tratada en la institución desde su nacimiento por fallas en órganos reproductivos.

En el 2000 y 2014 le fueron practicadas cirugías incorrectas que agraviaron su salud al paso de los años y que fue la que derivó en la denuncia a la CDHEP.

La investigación derivó en un listado de seis recomendaciones que incluyen atención psicológica, que se le garantice atención médica ya que dejó de ser beneficiada del ISSTEP, pues su padre fue despedido y capacitación al personal.

Por otro lado, la recomendación a la Fiscalía surge a través de la denuncia de actos de tortura a un detenido en 2014 y se solicita atención médica y psicológica y nuevamente, capacitación a su personal.

Niegan imponer penas a la violencia obstétrica

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, dijo en su oportunidad que los padecimientos de una madre o los de un menor al nacer, no siempre dependen del médico tratante, sino del seguimiento que se le dio a la gestación con el adecuado control prenatal, por ello, no es viable tipificar la violencia obstétrica como un delito.

"Yo me he manifestado en contra, me parece que estaría penalizando una actividad que no depende exclusivamente del médico tratante, que ni de una sola variable como quiere explicarse. Hay muchas complicaciones que se pueden llegar a presentar, incluida la falta de atención de la propia madre, eso ocurre en la Sierra, en la Mixteca, no acuden por ejemplo a sus consultas prenatales y por mejor médico que haya, por mejor hospital que exista, si la madre no hace la parte que le toca, el resultado no va a ser bueno, por eso es un tema que debe definirse y evaluarse en la justa medida".