Moreno Valle se va blindado

El exgobernador de Puebla eligió a perfiles cercanos para los Poderes del Estado y organismos públicos, con lo que mantendrá control

Moreno Valle se va blindado
Agencia Enfoque | El exgobernador tendrá figuras afines en organismos hasta 2022 Moreno Valle se va blindado

Hasta el último día de su sexenio, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se encargó de blindar a todos los organismos autónomos y los poderes del Estado con perfiles allegados a su persona o a sus operadores, a fin de protegerse ahora que dejó de ser titular del Ejecutivo.

El Tribunal Superior del Estado y el Electoral, la Auditoría Superior, el Instituto de Transparencia y el Electoral, así como la Fiscalía General del Estado, están a cargo de personas que previamente fueron colaboradores suyos en su paso por la administración pública.

Este martes, el Congreso local designó como magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a Gabriel Marcos Moreno Gavaldón, exasesor jurídico del gobierno del estado; Raymundo Israel Mancilla Amaro, quien pertenece al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN); así como a Héctor Sánchez Sánchez, exsíndico municipal de Puebla y candidato suplente a diputado federal.

Lo hizo con todos los organismos

El Congreso del Estado es presidido por Jorge Aguilar Chedraui, quien fuera titular de la Secretaría de Salud cuando inició el mandato de Rafael Moreno Valle. El diputado panista, es presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y hace unas semanas fue ratificado por un año más como líder del Poder Legislativo y posteriormente asumirá el cargo un representante de Compromiso por Puebla, señalado como el partido del gobernador saliente.

Para blindar la administración de Rafael Moreno Valle, el Congreso nombró como integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) a Gabriela Sierra Palacios, vinculada a Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del ahora exgobernador; Marcela Carcaño Ruiz, exfuncionaria de la Contraloría; y Germán Loeschmann Moreno, secretario técnico del mismo órgano garante. Ellos estarán en el cargo por periodos de 4 a 6 años. 

Las instancias electorales tampoco fueron ajenas a esta situación, pues Rafael Moreno Valle logró colocar en el Instituto Electoral del Estado (IEE) a Jacinto Herrera Serrallonga, quien fuera director de ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración a inicios del sexenio; a Juan Pablo Mirón Thomé, exjefe de oficina de la Secretaría General de Gobierno; así como a Federico González Magaña, asesor de la coalición que llevó al gobernador al triunfo en 2010.

La secretaria ejecutiva del IEE, Dahlel Lara Gómez, también trabajó para el gobierno del estado, fue directora de Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Administración. Los integrantes del instituto permanecerán en el cargo en periodos de 3 a 6 años.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que disolvió todas las quejas de los partidos políticos, tiene entre sus integrantes a Fernando Chevalier Ruanova, abogado de Mario Rincón González, operador político del PAN. Junto con Ricardo Rodríguez Perdomo y Jorge Sánchez Morales, tendrán periodos de 3 a 7 años en el cargo.

Los más cercanos

En los organismos de mayor poder, se encuentra el auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, quien ha conducido procesos en contra de los detractores de la actual administración estatal, como el expresidente municipal Eduardo Rivera y la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández.

David Villanueva ha colaborado en la aprobación de las cuentas públicas del exgobernador y sus colaboradores, así como de los ediles y titulares de Organismos Descentralizados que cooperaron en la elección pasada. El periodo del auditor concluye hasta el 2019 y de acuerdo a las reformas a las leyes, puede reelegirse por siete años más como encargado de la fiscalización en el estado.

Otro de los nombramientos más cuestionados por la ciudadanía y por los actores políticos fue el de Víctor Carrancá Bourget al frente de la Fiscalía General de Estado, pues permanecerá en el cargo como impartidor de justicia hasta el 2022.

De él se ha cuestionado la falta de operatividad para detener ilícitos como secuestros, robo de combustible y feminicidios, asimismo, de participar en operativos para reprimir a partidos políticos durante las elecciones pasadas.