Agencia Enfoque | El penal de San Miguel alberga a casi la mitad de los internos en el estado. Acaparan recursos 3 Ceresos poblanos; 19, en el olvido
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La Dirección General de Ceresos sólo entregó recursos al penal de San Miguel, de Tepexi de Rodríguez y de Ciudad Serdán
A través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el gobierno de Puebla ejerció 281 millones 451 mil 303 pesos para la operación de Centros de Reinserción Social (cereso), dinero que se destinó para las actividades de sólo tres penales hasta octubre de 2016.
Aunque en el estado hay 22 ceresos, sólo 3 están a cargo de la administración estatal y los ayuntamientos se ocupan de la operación y manutención de reos en el resto.
El estado tiene a su cargo el penal de Puebla, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, y los municipios que deben encargarse de su propia cárcel son San Pedro Cholula, Huauchinango, Tehuacán, Acatlán de Osorio, Atlixco, Chiautla de Tapia, Chignahuapan, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Libres, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tepeaca, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez, Zacapoaxtla y Zacatlán.
Resalta que en la entidad hay 7 mil 866 internos; de las cuales, 7 mil 368 son hombres y 498, mujeres. De esta cantidad, 4 mil 523 se encuentran en los Centros de Reinserción Social que atiende el estado; los otros 3 mil 343 presos están en sitios a cargo de los municipios.
El Cereso estatal con mayor población se ubica en la capital del estado. Alberga a 3 mil 429 personas, casi la mitad del total. Es seguido del de Tepexi de Rodríguez que cuenta con una población de 811 procesados, mientras que el ubicado en Ciudad Serdán registra 283 reclusos.
Los municipios que se encargan de sus propios penales y cuentan con una población no menor son San Pedro Cholula, con 584 personas; Tehuacán con 503; Huauchinango, con 308; Huejotzingo, con 289 y Atlixco, con 234.
Sin embargo, Atlixco, Tepeaca, Huauchinango, Zacatlán y San Pedro Cholula reciben recursos etiquetados del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). El resto debe invertir de sus recursos y participaciones para combatir la delincuencia.
Foto: Agencia Enfoque | El Cereso de Cholula se encuentra en el centro de este municipio.
La distribución
En respuesta a una solicitud de información realizada por El Popular, diario imparcial de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) precisó que en 2016, la Dirección del Ceresos de Puebla asignó 20 millones 545 mil 814 pesos al Cereso de San Miguel; dio 5 millones 181 mil 466 pesos al penal de Tepexi de Rodríguez y al de Ciudad Serdán, 7 millones 698 mil 617 pesos.
No obstante, a octubre del año pasado se habían erogado 44 millones 163 mil 813 pesos para la alimentación de la unidad de reinserción social del municipio de Puebla, otros 9 millones 476 mil 945 pesos para el penal de Tepexi de Rodríguez y un monto de 3 millones 277 mil 675 pesos, en Ciudad Serdán.
En tanto, para medicinas y productos farmacéuticos, se habían invertido en el Cereso de Puebla, 323 mil 322 pesos; en Tepexi, 548 mil 495 pesos y en Ciudad Serdán, 182 mil 356 pesos.
La dependencia también respondió que desconocía los montos erogados por los ayuntamientos para la manutención, atención y operación de los Centros de Reinserción Social que se ubican en 19 municipios más.
Población indígena
La SSP también detalló que hay 580 personas indígenas privadas de su libertad; de las cuales, 27 son mujeres y 553 hombres.
Pese a ello, la dependencia reveló que de acuerdo con información de la Dirección General de Centros de Reinserción Social, sólo existe registro de un traductor de lengua totonaco en el Cereso de Zacatlán en la Sierra Norte.
El último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que 14 de cada 100 personas en Puebla no hablan español. Hay casi medio millón de personas que hablan Náhuatl y otras 100 mil, el Totonaco.
Foto: Agencia Enfoque | Cereso regional de Tehuacán
Documentarán violaciones a derechos humanos
Tras documentar en gráficos accesibles y atractivos la información existente sobre el sistema penitenciario mexicano entre 20110 y 2016, la Asociación Civil Observatorio de Prisiones busca ahora cuantificar denuncias de internos.
El objetivo, explicaron las integrantes del proyecto al presentarlo en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, es poder cruzar y contrastar la información que proporcionan comisiones de derechos humanos.
La importancia de este contraste, indicó, radica en que la información no siempre coincide con casos particulares de los que llegan a tener conocimiento y porque las comisiones no dan continuidad a sus propios informes.
"No siempre cuadra con lo que ellos viven, entonces lo que ellos necesitan es una herramienta donde puedan denunciar las violaciones a los derechos de sus familiares", dijo Marissa Hubert Chakour.
De concretarse esta recopilación de información, uno de los requerimientos que buscarían cumplir sería el de la privacidad por los intereses que esto representa.
A la par de documentar estas denuncias, con el uso de tecnología se busca también la creación de una aplicación móvil que permita a familiares identificar correctamente a qué recursos pueden apelar sus presos.
Uno de los cambios que la organización advierte a mediano plazo para el sistema penitenciario mexicano, informaron por otro lado, son los riesgos de la privatización de servicios.
El año pasado, explicaron, Estados Unidos prohibió estos esquemas y se espera que las empresas que los presten busquen terreno en el resto de América. México sería el primer lugar.
Aunado a la ventaja que representa ser el país más cercano, se agregó, está el hecho de que no se cuenta con legislación restrictiva para entregar concesiones y que los gobiernos registran falta de presupuestos.
En el tema de la privatización, agregó Marissa Hubert, como organización ya se tiene la experiencia de haber analizado el caso de cuatro prisiones federales, donde se detectaron diferentes fallas.
Entre ellas, que no queden claras las responsabilidades, que no se cumpla correctamente con procedimientos y que no se apueste por el fomento de sanciones distintas a la cárcel.
Sobre Puebla, se señaló que gracias a la aplicación de las herramientas estadísticas con las que ya se cuenta, fue posible detectar que la tasa de personas privadas de la libertad por 100 mil habitantes aumentó 6.41 puntos entre 2012 y 2016.
Asimismo, fue posible detectar que 54.36% de las mujeres reclusas en la entidad todavía no tienen sentencia; mientras que en el caso de los hombres, el porcentaje alcanza los 45.91 puntos.
