La Fundación Mary Street Jenkins que administra a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) dejó de cubrir sus cuotas al Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) con lo que perdió el registro ante la alianza que reúne a más de mil 500 organizaciones altruistas en México; pese a ello, la fundación se presume todavía como asociado del organismo. El último registro de la Fundación Mary Street Jenkins como asociado al Cemefi, fue en 2014, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le fincó omisiones por pagos de impuestos federales. El Popular, diario imparcial de Puebla, contactó al departamento de comunicación del Cemefi con sede en la Ciudad de México; su titular, Alejandra González, confirmó que la fundación que administra a la UDLAP ya no es asociada por dejar de pagar sus cuotas; no obstante, evitó fijar una postura respecto al conflicto fiscal que envuelve a la institución educativa. De acuerdo con el directorio de organizaciones del SAT correspondiente al periodo 2014-2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el 18 de julio de 2014, a la Fundación Mary Street Jenkins, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) FMS5410186J5 se le presentó un oficio de revocación para recibir donaciones bajo el número 600-04-02-2014-87444. Desde diciembre de 2014 se le negó a la fundación la posibilidad de recibir donaciones, aunque se hizo publicó en el DOF hasta el 6 de marzo de 2015. Esto deriva del incumplimiento de pagos fiscales que al final desembocó en el embargo del campus de la UDLAP efectuado el martes 14 de febrero. Al respecto, el departamento de comunicación de la institución descartó fijar una postura, al no dar comentarios y negarse a emitir alguna respuesta en el futuro sobre el caso. Esta casa editorial también solicitó la postura de las oficinas centrales de la fundación, ubicadas en la Ciudad de México; sin embargo, se limitaron a direccionar la solicitud a la sede en Puebla, ubicada en la avenida 2 Oriente 201 y, al buscarlos vía telefónica, el responsable del lugar aseguró que estaba desalojado. Este martes, el diario Reforma publicó que el embargo del SAT constituye una garantía de pago por un crédito fiscal de más de 45 millones de pesos que adeuda la fundación por el ejercicio fiscal de 2012 a junio de 2014. El embargo corresponde al terreno de 657 mil 881 metros cuadrados del inmueble de la UDLAP, valuado en 2 mil 134 millones de pesos; sin embargo, el conflicto se atribuyó a un problema entre los familiares de la fundación, puesto que en abril de 2014 se tomó la decisión de ceder el campus. |