Después de la detención arbitraria de José Muñoz Villegas, miembro de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, dicha organización exigió a José Antonio Gali Fayad, gobernador del estado, a fijar una postura sobre el futuro de sus cinco afiliados que fueron detenidos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. En conferencia de prensa, Tonatiuh Sarabia Muñoz, integrante y abogado de la UPVA, consideró que la reciente detención de su compañero, Muñoz Villegas, demuestra que Gali Fayad se "mantendrá en silencio", respecto a los "atropellos a los derechos humanos" que le heredó su antecesor. "En ese sentido, nosotros consideramos que la estancia en prisión de nuestros compañeros es una continuación de la política represiva que inició Moreno Valle y puede suceder que este gobierno intenté recobrarla (...), ya que hasta el momento no se ha pronunciado contra esto", opinó. Recordó que el pasado 15 de febrero, mismo día en que realizó su informe de labores el alcalde capitalino, Luis Banck Serrato, el recién aprehendido miembro de la 28 de Octubre acudió a dejar tanto a su hija como a sus sobrinos a la escuela, cuando los detuvo un automóvil blanco y con arma en mano, lo obligaron a abordarlo. Anunció que será el siguiente 21 de febrero cuando se defina la situación legal de Muñoz Villegas, por lo que esperan que el juez octavo de lo penal reaccione conforme derecho al proceso penal 195/2015, derivado a que carecen de argumentos para inculparlo de los delitos de robo y homicidio. Sarabia Muñoz detalló que entre las anomalías que detectaron en el proceso se encuentran la falta de testimonios que corroboren sus supuestas agresiones durante el tiroteo generado en mayo de 2015 con la Unión Popular "Doroteo Arango", donde lo sitúan como formar parte del conflicto. Confirmó que desde el mismo día que Muñoz Villegas fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de "San Miguel" mantuvieron contacto con él; sin embargo, dijo, en la noche del 15 se febrero lo forzaron a declarar con un asesor legal proporcionado por el estado, considerándose un acto anticonstitucional. El miembro de la organización consideró que, de darse un fallo negativo a su compañero, demostraría que el juez atendió a las órdenes políticas impuestas por el Ejecutivo; por tal motivo, adelantó que iniciarán movilizaciones para denunciar la opacidad del caso. . |