José Juan Espinosa Torres, diputado local en dos ocasiones, es una de las voces disidentes que se han tenido Puebla. A veces menos, a veces más, pero siempre crítico, el presidente municipal de San Pedro Cholula toma como bandera la defensa del agua potable. La disyuntiva es simple: entre privatizarla o dejarla en manos del Estado, se inclina por la segunda opción. Acepta que teme represalias del gobierno en turno, que ya le ha mandado un aviso público en voz de Javier Lozano Alarcón: si no se calla podría venir una acción legal. Sin embargo, no ceja en su intentona y, amparado en el artículo 115 constitucional, recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que decida quién tiene la razón. Díganos bien ¿cómo está ese asunto de la privatización del agua?Lamentablemente hay políticos que le dan más importancia a lo que dicen que a lo hacen y esto trae como resultado que los ciudadanos cada día desconfíen más de sus gobiernos, de sus gobernantes. Muestra de ello es la declaración del hoy gobernador Antonio Gali Fayad, quien ante medios de comunicación dice que no va a haber privatización, cuando en mayo del 2014, siendo presidente municipal, permitió que la empresa Concesiones Integrales de Puebla tomara el control del sistema operador conocido como SOAPAP y en junio del mismo año, a unos meses de haber iniciado su gestión, empiezan a colocar recibos para que los poblanos paguen agua potable a una empresa privada que además incrementó hasta en un 388 por ciento las tarifas.
A ustedes, como ayuntamiento, les pega directamente esta decisión…Sí, por supuesto. Es uno de los servicios que la Constitución, en el artículo 115, señala de forma puntual como exclusivo de los gobiernos municipales. Tan es así, que en el año 2012 la reforma al artículo 4 de la Constitución de la República señala de forma clara la obligatoriedad que tienen los municipios de otorgar el servicio del agua en coordinación con las entidades federativas y la Federación, o sea, con los gobiernos federales y estatales. En la reforma, una reforma mutilada, incorporan un párrafo que a la letra dice que será el Estado quien regule las modalidades leyes y reglamentos con las cuales se brindará este servicio público, este servicio de agua. Se trata de una reforma incompleta para blindar lo que en el 2013, autorizó el Congreso del estado para permitir la participación, a iniciativa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, de empresas privadas para que los sistemas operadores les puedan concesionar la administración del agua. Hoy el gobierno de Antonio Gali pretende blindar esa iniciativa de Moreno Valle porque sabe muy bien que en 2018, corren el riesgo de que se revierta el contrato que se le dio al consorcio Concesiones Integrales o Agua de Puebla, que no es más que la suma de cuatro empresas entre las cuales está el Grupo Financiero Monex -involucrada en el fraude de la elección de 2012- que es dueño de 75 por ciento de las acciones de Agua para Todos; el resto de las acciones se reparte en tres socios más, entre los que se encuentra Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella. Los ingresos por el cobro de agua se depositan en un fideicomiso administrado por Evercore, no a las cuentas de Concesiones Integrales SA de CV. Tiene el gobierno todo un blindaje en estos primeros años y les es fundamental revertir y modificar la constitución para que el próximo gobierno estatal no pueda dar marcha atrás a la concesión del servicio de agua; además, tienen la intención de aplicarlo en otros municipios, como ya lo hacen en una parte de Cuautlancingo, en colonias de San Andrés Cholula y, a pesar de que el gobierno de San Pedro revocó el convenio que firmó la pasada administración, siguen cobrando de forma ilegal el agua y dando servicio en las juntas auxiliares de Manantiales y Santiago Momoxpan, donde se concentra la población en la zona de la reserva territorial Quetzalcóatl. Entonces, Antonio Gali miente cuando dice categóricamente que en Puebla no se va a privatizar el agua. Ya se privatizó en el municipio que él gobernó hace un par de años: siendo presidente municipal lo permitió. ¿Cuáles son las posibilidades reales de revertir esta decisión?, ¿habría que esperar 2018 para que haya cambio de gobierno?Espero que la Suprema Corte, por lo delicado del tema, actúe de forma imparcial y si lo hace así le va a dar la razón a los ayuntamientos no solamente en cuanto a la intromisión de otro nivel de gobierno, sino para garantizar que una empresa particular pueda involucrarse en la prestación de este servicio público. Hay muchos intereses de por medio, lamentablemente, esta tendencia privatizadora está cobijada por grupos de poder que están muy arriba. Hay un frente que es el PAN: Jesús Giles y Martha Erika Alonso presionan a los alcaldes de la coalición para que no le entren a la controversia y el otro frente es la Auditoría Superior del Estado. No descarten que en los próximos días a municipios como Tehuacán les liberen las cuentas públicas que les observaron en 2014.
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Foto: Karen Rojas | José Juan Espinosa asegura que los recursos obtenidos por Aguas de Puebla buscan apuntalar la aspiración de Rafael Moreno Valle.