En 2016 un total de 25 Ayuntamientos se vieron envueltos en acusaciones ante el Congreso del Estado, mismas que derivaron en la petición de una auditoría, así como la destitución de regidores y/o presidente municipal; en algunas ocasiones, se informó de la falta de convocatoria o inasistencia a sesiones de Cabildo e irregularidades por parte de sus integrantes.

En lo que va de este año, ya se han presentado ocursos u oficios relacionados con ocho Ayuntamientos, entre los que destaca el caso del Cabildo de Jolalpan, que mantiene una disputa y con ello la ingobernabilidad del municipio.

El caso Jolalpan

Tanto los regidores y la síndico municipal como el presiente, solicitaron en más de una ocasión la destitución del otro, bajo el argumento de inasistencia a las sesiones de Cabildo e irregularidades en la administración; sin embargo, ninguna petición ha procedido.

A la solicitud de revocación de mandato al presidente municipal de Jolalpan se han sumado ciudadanos y presidentes auxiliares. En total, de 2016 a la fecha se han acumulado siete peticiones del presidente para revocar el mandato a regidores y la síndico municipal, mientras que sus detractores han solicitado al Congreso en cuatro ocasiones el mismo procedimiento para el edil.

El 11 mayo de 2016, el Congreso recibió un ocurso para informar que los regidores se negaron a firmar los estados financieros de marzo y abril de ese año. Para el 29 de agosto y 21 de septiembre, se integraron las acusaciones recurrentes y el oficio de los presidentes auxiliares para informar de la toma de instalaciones de la presidencia.

Jolalpan fue uno de los dos municipios que tuvieron cambios en su Ley de Ingresos por no hacer un cálculo adecuado de recaudación.

Al plantón a las afueras del Congreso del Estado desde el primero de marzo, se suma la toma de la presidencia municipal en octubre de 2015 y en agosto de 2016.

Tecamachalco también fue recurrente; Tehuacán no

Respecto a las quejas que se presentaron vía oficio y ocurso, también se halló el caso de Tecamachalco, ya que durante todo el 2016 ingresaron los escritos de dos regidoras en el que avisan al Congreso que no fueron convocadas a sesiones de Cabildo.

En los documentos, se deslindaban de cualquier informe o acuerdo que se aprobara en la reunión del cuerpo edilicio, asimismo, justificaban su falta.

Es preciso mencionar que hace más de un año el tesorero de Tecamachalco reembolsó los salarios caídos de la regidora Ruth Zárate Domínguez, a quien le tuvieron que pagar por una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP). En febrero de este año, el presidente municipal agredió a la regidora Ruth Rodríguez Huerta por criticar su administración.

Aunque durante todo el año se registraron quejas de parte de la sociedad civil en contra de la presidenta municipal de Tehuacán, en sólo dos ocasiones se solicitó la revocación de mandato en su contra, esto sucedió en el último trimestre del año, cuando el Congreso analizaba su proceso de destitución y, por último, en diciembre, inició un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades por daño patrimonial.

Los otros municipios

Por otra parte, en Huehuetlán el Grande, los regidores denunciaron en dos ocasiones que el presidente municipal participaba en irregularidades, mientras que el edil envió oficios para informar en cuatro ocasiones que un grupo de regidores no asistía a sesiones de Cabildo.

Fue Chiautzingo otro de los municipios con conflictos entre regidores y presidente municipal, ya que los Cabildantes acusaron al edil de iniciar obras sin una autorización presupuestal, mientras que el alcalde solicitó por escrito la destitución de un grupo de regidores y el síndico municipal.

En Tepexco, un municipio donde la gobernabilidad también se ha tornado frágil, los presidentes auxiliares solicitaron intervención del Congreso por los conflictos en Cabildo, en tanto que un grupo de ciudadanos pidió una auditoría al presidente.

Entre la petición de revocación de mandato por coyunturas políticas, de seguridad e ingobernabilidad, destaca la de los presidentes municipales de San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Felipe Ángeles.

El marco legal

La Ley Orgánica Municipal establece en su artículo 55 que sólo el Congreso del Estado puede declarar la suspensión o desaparición de los Ayuntamientos, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, así como la designación de Concejos Municipales.

El mismo ordenamiento contempla que por faltas reiteradas a las sesiones de Cabildo, los regidores pueden ser retirados del cargo; no obstante, esta será decisión del Congreso. Para faltas temporales, la Comisión de Vigilancia de cada Cabildo determinará la sanción, que va desde una amonestación, una multa equivalente a un salario y hasta quince días de remuneración.

El Congreso prevé, entre otras cosas, como causas de revocación de mandato: 1.- El ataque a las garantías individuales o sociales y a la libertad del sufragio; 2.- Los actos que impliquen violaciones a los planes, programas y recursos de la Administración Pública Estatal o Municipal; 3.- Propiciar conflictos entre Ayuntamientos y 4.- La usurpación de funciones.

Gráfico: Melqar Hernández