El ayuntamiento de Tehuacán se da por satisfecho con la reforma al artículo 12 fracción sexta, ya que pese a que se presumía una velada intención de privatizar el agua, con el cambio a dicho párrafo la controversia constitucional al respecto será echada atrás. Lo anterior fue señalado por el síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, quien dejó claro que desde el inicio no se alegó una privatización, sino una ambigüedad en la documentación entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); una vez que el Congreso Estatal anunció el cambio y la especificación, ya no hay nada que señalar. Indicó que eso no significa que el resto de municipios que iniciaron el mismo procedimiento cedan y den marcha atrás, pues señaló que hay otros intereses que no obedecen precisamente al bienestar de la ciudadanía, sino a los intereses políticos que están en juego. Foto: Archivo EnfoqueComentó que, con la corrección, es muy probable que la SCJN deseche los procedimientos que se presentaron, porque aunque todos iban detrás del mismo objetivo, cada una es revisada por separado, al igual que los argumentos que se presentan y, si se considera necesario, se rechazan. Mencionó que, en una primera etapa, los municipios solicitaron la suspensión definitiva del acto reclamado, la cual no fue concedida y eso puede ser debido a que la SCJN no lo consideró necesario. Agregó que Tehuacán dará por concluida la controversia aunque, por lo general, esos procedimientos duran de tres meses a un año en ser resueltos. Ven triunfo popular en cambio a la leyDe acuerdo con promotores de actos de inconstitucionalidad, la modificación al artículo 12 de la Constitución anunciado por el diputado panista, Jorge Aguilar Chedrahui, podría dar un giro legal al caso. El abogado Gerardo López Ramírez, de la organización El Barzón AC, que representó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las autoridades de Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia, lo señaló incluso como posible victoria. "Como litigante, no tengo la certeza de que sea cierto; sin embargo, en el caso de que así lo fuera, construiría una pequeña victoria respecto a la garantía del derecho humano al agua", comentó. López Ramírez detalló que, de cumplirse la homologación con la legislación federal y la supresión al texto en donde se deja la responsabilidad del control del agua al estado -sin que se trate de una modificación amañada-, vendría una solicitud a la SCJN. El anuncio de la modificación podrían hacerlo las autoridades al involucrar la defensa de las comunas, mientras que a ellos les tocaría solicitar que se frene el proceso por quedar conformes. "Si la reforma es conforme a lo que pensamos que es lo correcto, nosotros podríamos de forma muy prudente y de forma que tenga que ver con nuestra ética profesional, que se sobresea para evita carga a la corte", dijo. Mientras esperan que la reforma se concrete en el Congreso, López Ramírez resaltó el resultado que tuvo la presión popular, gracias a la organización para difundir y decidir al respecto. Agregó que su experiencia en los municipios mixtecos representados le deja asegurar que se trató de movimientos desde la ciudadanía y no de las alcaldías. "Fue la presión popular, fue un acto estrictamente de soberanía y de democracia directa por primera vez en la historia", comentó el abogado, quien dijo conocer de cerca la forma en que los pobladores obligaron a sus autoridades a actuar. Además de los dos casos que lleva El Barzón, al cierre del periodo para promover actos de inconstitucionalidad, se registraron solicitudes de otros 14 municipios. Aunque existe la posibilidad de que la SCJN los integre en una sola investigación, López Ramírez explicó que, hasta ayer, esto no había sucedido y que queda abierta la posibilidad de que no en todos los casos queden conformes con la reforma. |