Agencia Enfoque | La recomendación fue dirigida a Adolfo López Badillo Evidencia la CNDH pereza de Derechos Humanos en Puebla
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La CNDH evidenció dilaciones de la CDH para resolver un expediente de detención irregular y trato cruel por parte de agentes ministeriales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció dilaciones y falta de actividad en la resolución de expedientes a cargo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla).
El organismo nacional emitió el pasado miércoles 26 de abril la recomendación 16/2017, ya que el personal a cargo de Adolfo López Badillo, presidente de la CDH en la entidad, congeló desde 2015 una investigación arrancada en 2012, la cual involucra a elementos de la Policía Ministerial acusados de tratos crueles e inhumanos.
De acuerdo con el documento, firmado por el ombudsman Luis Raúl González Pérez, no existió algún "avance sustancial" por 20 meses para una segunda resolución del caso abierto con el oficio número 770/2012, pese a que existía una orden expresa para concluirlo.
Detención y cateo irregular
El expediente fue iniciado el 5 de septiembre de 2012, cuando la entonces directora de Orientación y Quejas de la CDH Veracruz remitió la queja presentada en aquella entidad, por los representantes de dos personas detenidas por policías ministeriales de Puebla.
Ahí, denunciaron que los elementos adscritos a la Dirección de Atención de Delitos de Alto Impacto (DADAI), en la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), entraron a su domicilio con armas largas y lo catearon sin la orden correspondiente.
Se refirió también que golpearon y aprehendieron a las ahora víctimas, las subieron en vehículos con placas de Puebla y las trasladaron al Hotel Kioto, ubicado en la capital del estado, en calidad de arraigados.
Explicaron que ese 6 de septiembre, personal de la CDH Puebla se presentó en el inmueble y se entrevistó con el personal de la procuraduría (ahora fiscalía), quienes aseguraron que cumplían con una medida decretada por el juez séptimo de lo penal.
Los agentes agregaron que los arraigados se encontraban a disposición de la Dirección General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, por su probable responsabilidad en un homicidio.
Para el 10 de octubre, la CDH Puebla abrió el expediente de queja, solicitó los informes a la PGJ y al juzgado séptimo de lo penal y recabó testimonios; no obstante, el 18 de diciembre de 2014 no contaba con "elementos suficientes para acreditar las violaciones a los Derechos Humanos".
Esto se hizo constar a los quejosos en el oficio SVG/2/397/2015, pero el 30 de julio de 2015 pidieron que el caso fuera reabierto porque, desde su consideración, no se habían analizado todas las pruebas aportadas y se anexó nueva evidencia contra los ministeriales.
Cuatro días después, la segunda visitadora general de la CDH emitió un acuerdo para la reapertura y nueva conclusión del caso, pero desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2016 no se había hecho nada al respecto, lo que llevó a los quejosos a la CNDH.
El 11 de enero de 2017, la CNDH inició el expediente CNDH/3/2017/17/RQ y, luego de recibir la notificación de que el caso estaba "en trámite", pidió que el organismo local entregara un informe junto con copia certificada de los expedientes previos.
Sin garantías
Tras analizar la documentación, la CNDH resaltó que desde el acuerdo de reapertura hasta la emisión de la recomendación, habían pasado cerca de dos años sin haber emitido una nueva determinación sobre la actuación de los elementos policiacos.
Agencia Enfoque | Las dos víctimas de abuso policial están recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Acusó que el visitador adjunto de la comisión estatal quebrantó los principios de inmediatez, concentración, imparcialidad y rapidez, lo que ha afectado a las víctimas, quienes se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla.
Expuso que, con ello, no se garantizó la protección de los derechos humanos de seguridad jurídica e integridad personal de los afectados y, por ello, se ha exigido que la CDH Puebla practique a la brevedad las "investigaciones y diligencias pertinentes para la debida integración del expediente de queja", y envíe las constancias de su cumplimiento.
También pidió que se emita en el tiempo estrictamente necesario la determinación que conforme a derecho corresponda en el expediente en cuestión y "diseñe e imparta un curso de capacitación y formación para el trámite de las quejas, con especial énfasis en el contenido, manejo y observancia de su ley y reglamento".
Asimismo, demandó que se colabore con la "comisión nacional en la presentación de la queja ante la autoridad competente, contra quien o quienes resulten responsables" por haber incumplido con los principios establecidos en la ley para una resolución pronta de los casos.
Todos estos puntos deberán ser aceptados por la CDH Puebla en un máximo de 15 días, para no incurrir en una posición como la que Adolfo López Badillo ha denunciado con anterioridad, con casos como el edil de Xicotepec de Juárez, Juan Carlos Valderrábano, quien se ha negado a acatar las recomendaciones emitidas desde el ámbito estatal.
Acepta CDH recomendación
Por su parte, la CDH Puebla, informó en un comunicado que aceptó y atenderá "con responsabilidad" la recomendación 16/2017 de la CNDH.
"Este organismo estatal reconoce los fundamentos de dicha recomendación, a la cual dará seguimiento y el debido cumplimiento", señaló
La CDH precisó que ya había sido emitida la Recomendación 5/2017, dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), esto a causa del expediente de queja 4824/2015, caso por el cual se derivó la recomendación de la CNDH.
En la recomendación estatal se afirmó que el visitador adjunto realizó una "diligencia telefónica" en diciembre de 2016, así como visitas y diversas consultas documentales.
Además, se refirió que, pese a los resultados iniciales, en la segunda indagatoria se constató que sí existieron actos de tortura, maltrato psicológico y daños patrimoniales contra la vivienda de las víctimas, pese a que la autoridad niega los hechos.
Por ello, se ordenó que la FGE repare daños físicos y psicológicos, además de colaborar con las denuncias correspondientes en los órganos internos de control y con las autoridades correspondientes, para investigar a los responsables por tortura. Por último, pidió que los elementos sean capacitados sobre el respeto a los derechos humanos.
