La Secretaría de la Contraloría cuenta con un padrón de 179 procesos de sanción contra funcionarios que incurrieron en violaciones a la Ley de Servidores Públicos; destaca que los más recurrentes son los policías, con 56 casos; los analistas, con 23 incidencias y los jefes de departamentos, con un total de 16 trabajadores castigados.

Con rango de mando medio, la Contraloría sancionó a 13 funcionarios que despachaban en la Secretaría de Educación Pública (SEP); es decir, directores de escuelas primarias, jardines de niños, empleados de las Universidades Tecnológicas de Tecamachalco y Ciudad Serdán.

Hace apenas unos meses, la dependencia también inhabilitó de manera temporal al rector de la Universidad de Tecamachalco, José Antonio Garrido Natarén, quien tiene sobre sí dos procesos iniciados en agosto del año pasado.

Así también, hay 11 empleados adscritos a la Secretaría de Salud que fueron sancionados, en la lista se ubican médicos especialistas del Hospital de Huauchinango, médicos generales del Hospital del Sur, del Hospital de la Mujer de Tehuacán, Hospital para el Niño Poblano, así como el de Atlixco.

Otros funcionarios del sector Salud sancionados por la Contraloría fueron ocho verificadores sanitarios, que en su mayoría fueron destituidos de su cargo por faltar a sus responsabilidades como servidores públicos.

Entre los funcionarios más frecuentes en el padrón de sancionados, se encuentran los empleados que se desempeñaron en encargos de revisión, evaluación y auditoría de obras públicas, pues, al menos en 12 casos, estos trabajadores tuvieron ya sea: multas, amonestaciones públicas, destitución del cargo o hasta inhabilitación.

El gobierno del estado también halló irregularidades en siete funcionarios que tenían cargos relacionados con la impartición de justicia, como agentes del Ministerio Público, peritos o personal administrativo en este ámbito.

Del listado, llama la atención que un buen número de mandos de primer y segundo nivel también tuvieron sanciones, se trata de cinco procesos contra subdirectores de área, 10 contra directores generales y uno más contra un encargado de despacho.

Es el caso también del exdirector general del Instituto Poblano de la Vivienda, José Carlos Orozco de la Isla, también el de los marinistas Javier García Ramírez y Efraín Ruiz Meneses, que se desempeñaban en la Secretaría de Obras Públicas, así como el de Blas Villegas Lara en la Comisión Estatal del Agua y cinco empleados más del organismo.

Villegas Lara ha sido uno de los funcionarios que ha litigado por la suspensión de la inhabilitación temporal y la multa por un supuesto daño patrimonial; de acuerdo con el padrón de sancionados por la Contraloría, sus procesos se habrían ratificado en al menos tres ocasiones: dos en 2016 y la impuesta en 2014.