La Secretaría de Salud de Puebla acumula de 2015 a la fecha un total de siete recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos que vigilan el cumplimiento de las garantías, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene otras cuatro recomendaciones.

De acuerdo con el portal de transparencia del gobierno del estado, las recomendaciones a Salud derivan de negligencia y mal servicio a los usuarios, mientras que las de Seguridad son en buena medida por violaciones a los derechos de los reclusos en Centros de Reinserción Social (Cereso) y una más para garantizar los derechos de libertad de prensa.

En el primer trimestre de 2017 se recibieron dos recomendaciones en Salud por la deficiencia en los servicios en el municipio de Tehuacán y una más relacionada con la publicidad de los expedientes clínicos como parte del derecho a la información en servicios de salud.

Para 2016 hubo tres recomendaciones más para las que el gobierno del estado informó su cumplimiento con la reparación del daño de los afectados y se comprometieron a mejorar la infraestructura de los hospitales, entre estos casos se enmarca el de Cuetzalan, donde una mujer no fue atendida en trabajo de parto por falta de ambulancias y la especialidad en el hospital de su región, lo que derivó en la posterior muerte de su hijo.

En 2015 fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos la que envió dos recomendaciones por la violación de las garantías a la salud, para las que también se realizó la reparación del daño, al garantizar que los pacientes del área de urgencias tengan atención médica inmediata para diagnosticar y restablecer su estado.

En tanto, para la Secretaría de Seguridad Pública se emitieron dos recomendaciones en 2016, una de ellas fue por la violación a las garantías de personas defensoras de los derechos humanos y una más para detener la violación de derechos de los periodistas; en ambos casos, los indicadores de cumplimiento son sólo oficios enviados a las subsecretarías competentes.

En el 2015, hubo dos más, una por el aislamiento excesivo en centros penitenciarios y otra por la seguridad jurídica, salud, trato digno, integridad y la seguridad personal de quienes se encuentran recluidos en los Ceresos.