Habrá más auditorías a gasolineras del Triángulo Rojo: Diódoro Carrasco

El titular de la Secretaría General de Gobierno dijo que la compra y venta de combustible robado ha disminuido

Las auditorías a las gasolineras que se ubican en el Triángulo Rojo continuarán en la próxima semana, anunció el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano al mencionar que el jueves se hicieron siete auditorías, hace mes y medio otras siete y antes de concluir el 2016 se realizaron dos.

En entrevista posterior a encabezar la caravana de prevención en Amozoc, el funcionario estatal dijo que la compra y venta de combustible robado ha disminuido porque la estrategia de seguridad y combate hacen más difícil la extracción de los ductos y también se persigue a quienes lo compran.

"En primer lugar la estrategia de estrangulamiento y control de la oferta de combustible está mejorando, la demanda sigue siendo la misma pero la oferta no, cada vez hay menos combustible robado que vender; y segundo, lo que se está detectando es que la percepción de riesgo de quien roba, de quien vende o compra combustible robado está incrementando, eso es parte central", afirmó.

Diódoro Carrasco apuntó que el gobierno está a la espera de las decisiones que tomen las autoridades federales sobre la situación legal de los propietarios de las gasolineras, en este caso, tanto el Sistema de Atención Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) son los que hacen los operativos y los encargados de dar a conocer si hay o no anomalías.

"Entiendo que los delitos que se configuren ahí al final son uno, es un delito patrimonial, están robando, vendiendo combustible robado a la empresa pública más importante del país que es Pemex, en segundo lugar claramente hay un tema de evasión fiscal, si venden más de lo que compran hay un problema de defraudación fiscal y en tercer lugar yo creo que se puede tipificar un delito de lavado de dinero", indicó.

Por último, el secretario de gobierno indicó que la dependencia puso en marcha un protocolo con las autoridades municipales y juntas auxiliares para actuar en conjunto ante cualquier conato de violencia o intento de linchamiento, a fin que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atienda de manera inmediata el llamado y los ciudadanos entreguen a los presuntos delincuentes a la autoridad.

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