Una vez que el gobernador de Puebla presentó la iniciativa para crear el Tribunal de Justicia Administrativa y los diputados pretenden aprobarla el 18 de julio para que el Sistema Estatal Anticorrupción se instale en lo legislativo al siguiente día, como lo establece la ley, esta figura jurisdiccional tendrá un plazo de seis meses para operar y estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del estado.

En la propuesta que presentó la administración estatal se señala que el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá un plazo máximo de 180 días para iniciar acciones una vez que se publique el decreto y su presupuesto no podrá ser menor al del año anterior, pero no señala un techo presupuestal para el inicio de operaciones.

La iniciativa reitera que los magistrados permanecerán en su cargo 15 años "improrrogables" y sólo podrán ser cesados por faltas graves, cuando se les imputen irregularidades administrativas o sean condenados por delitos dolosos, no así cuando tengan prisión preventiva; en esos casos, sólo serán suspendidos de manera temporal.

Las principales atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa serán las de dirimir controversias que se susciten entre particulares y la administración pública estatal o municipal; imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa grave y a los particulares vinculados; así como fincar pago de indemnizaciones por daños patrimoniales y emitir medidas cautelares.

En este caso, el ente de nueva creación podrá conocer las resoluciones y sanciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre los ayuntamientos y la administración estatal, podrá atraer casos e incluso reabrir expedientes.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, el Tribunal de Justicia Administrativa estará compuesto de tres magistrados, mismos que serán propuestos por el gobernador del estado y el Congreso ratificará con un voto a favor o en contra; en caso de no haber consenso, el ejecutivo tendrá que enviar nuevas propuestas.

Causa remoción de un magistrado las faltas graves, entre las que se encuentra la violación a los derechos humanos, haber cometido faltas administrativas graves, haber sido condenado por delito doloso o si se le acusa de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente el concepto público de su persona, o cuando utilice información confidencial en beneficio propio o de terceros.

La ley para crear el Tribunal de Justicia Administrativa señala que cada cinco años éste deberá entregar un diagnóstico cualitativo y cuantitativo del trabajo realizado, que será remitido al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.