Constantes abusos a los derechos humanos que van desde agresiones, amenazas y omisiones en las Agencias del Ministerio Público registró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en los reclusos del Cereso de San Miguel, donde más de 70 por ciento acusó violaciones al debido proceso desde que fueron detenidos hasta el momento en que se les dictó una declaración en su contra.

Lo anterior se desprende de los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, donde pese a que en el momento de la detención, el presunto culpable debe ser presentado ante una Agencia del Ministerio Público y rendir su declaración, esto fue confirmado por 74.1 por ciento de la población encarcelada en el Cereso estatal de Puebla.

Del total de presos que reportaron este proceso al momento de su detención, 76.3 por ciento (4 mil 323 reos) declaró que no estuvo presente su abogado; además, 72.2 por ciento aseguró que no estuvo de acuerdo con su declaración, es decir, 4 mil 90 poblanos que hoy están detenidos.

La Cartilla de Derechos Básicos del Detenido emitida por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que si al momento de dar una declaración, el acusado no cuenta con un abogado, tiene derecho a que se le asigne un defensor público, aunado a esto, antes de dar su declaración podrá solicitar una entrevista en privado con su defensor y además no deberá firmar ningún documento si no está presente el abogado.

Aún y con estas violaciones, 3 mil 964 internos del Cereso de San Miguel, que representan 70 por ciento de los encuestados, señalaron que en ningún momento de su detención les dieron a leer su declaración de hechos.

Poco más de la mitad de los presos (54.6 por ciento) aseguró haber sido presionados para declarar otra versión de los hechos, es decir, 3 mil 94 personas reclusas. Un grupo mayor de detenidos (55.5 por ciento), que representan 3 mil 146 de la comunidad y que pasó por un Ministerio Público, señalaron que la autoridad responsable no apuntó exactamente lo que el acusado declaró.

Incomunicados y obligados a desvestirse

Los actos violatorios y permitidos por parte de la autoridad ministerial se han vuelto comunes en Puebla, afirmaron 7 de cada 10 presos que actualmente se encuentran en el Cereso de San Miguel, donde 5 mil 332 personas señalaron estos actos durante 2016.

El acto violatorio más común, resultó la incomunicación con 57.8 por ciento de los detenidos, pese a que en el decálogo de la PGR se declara como obligatorio, la información sobre la detención a familiares, personas de confianza y abogado, aún y con esto, a 75.3 por ciento no les dejaron contactar a un familiar.

Otros actos violatorios fueron aplicados a 52.5 por ciento de los reclusos quienes denunciaron que lo obligaron a desvestirse, mientras que un 45.5 por ciento indicó que fue amenazado con levantarle cargos falsos.

Destaca que en 5 de cada 10 casos de quienes hoy se encuentran recluidos en el Cereso, el agente del ministerio público no se identificó; aún más grave, el 78.3 por ciento aseguró que no le permitieron ofrecer pruebas de inocencia.

En cuanto a las agresiones físicas más frecuentes, las patadas y los puñetazos se hicieron presentes para 44.3 por ciento de los reclusos, otros más denunciaron lesiones por aplastamiento, golpes con objetos y descargas eléctricas.

Para los 2 mil 696 reclusos que se declararon culpables, al menos 662 declararon haber confirmado la acusación bajo presiones y/o amenazas, mientras que 540 justificaron agresiones físicas.

Exponen cambios al sistema carcelario

En respuesta a los resultados publicados por Inegi sobre el Cereso estatal, el director de Centros de Reinserción Social (Ceresos) en el estado, Ignacio Molina González, dio a conocer que se realizan modificaciones al sistema penitenciario, iniciando con el nombramiento de nuevos directores de los principales Centros, como el de Puebla, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán.

Posterior al cambio de directores, siguió el de mandos de Seguridad y Custodia y rotación del personal, así como la atención de audiencias con las personas privadas de su libertad y sus familiares, para solucionar las quejas o canalizar posibles soluciones.

Mediante un comunicado de prensa, informó que los directores de Ceresos Estatales, Regionales, Distritales, así como el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) del Estado de Puebla, tienen la instrucción de atacar frontalmente cualquier acto de corrupción.

El funcionario también expresó que "el tratamiento de reinserción social se ha reforzado, de tal manera que todas las actividades de trabajo, capacitación, educación, salud y deporte han aumentado exponencialmente, en beneficio de la población interna".