10 Septiembre 2017

Indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla, en su intento por poner un alto a las empresas extractivas, se han unido en frentes sociales contra la construcción de represas, yacimientos de metales preciosos y líneas de alta tensión.

El texto Crónica de luchas indígenas actuales por el territorio en la Sierra Nororiental de Puebla, publicado en Le Journal de la société des américanistes, el 19 de noviembre 2016, respondiendo a la convocatoria de la organización Altepe Tajpianij, se instaló un campamento en el sitio donde se preveía construir la subestación de la línea de alta tensión que cruzaría gran parte de Cuetzalan.

La decisión de acampar de forma pacífica se tomó para protestar contra autoridades municipales por autorizar la construcción de la línea, que contradice el Plan de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, de 2010.

El 10 de diciembre de 2010, Día Internacional de la Tierra-Madre, quienes acamparon realizaron la acción de mayor fuerza simbólica que existe para el pueblo maseual: sembrar maíz, en el sitio.

El texto señala que además de los vigilantes que se turnan en el sitio están ahora los guardianes del pueblo; los maseual conservaron su territorio.

Otro caso se dio el 9 de septiembre de 2016, cuando la Secretaría de Energía (Sener) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebraron en la Ciudad de México la primera reunión nacional de beneficios sociales compartidos, que llevan a las comunidades locales los grandes proyectos hidroeléctricos.

El vocero de la Tosepan, un movimiento cooperativo indígena de la sierra, afirmó que el proyecto viola la Constitución Mexicana, ya que contradice los acuerdos internacionales ratificados por el gobierno mexicano.

La crónica señala que en años recientes territorios indígenas de la Sierra Nororiental han llamado la atención de actores externos a la región, ante lo cual los pueblos han debido adoptar estrategias de defensa.

El capital minero, nacional y transnacional, ha detectado en la sierra yacimientos de metales preciosos, amparándose en la Ley Minera de 1994, que da prioridad a la explotación minera.

Con 56 mil hectáreas para explotar yacimientos con la técnica de "tajo abierto", que exige enormes cantidades de agua, se formó una coalición de organizaciones y se descubrió que los permisos de explotación de la empresa eran inválidos.

El 22 de noviembre 2012, más de cinco mil campesinos marcharon sobre la mina, arrancaron la valla de protección y expulsaron a los cuadros y a los trabajadores chinos.

Para abril del 2017, a pesar de la oposición, la empresa decidió ampliar sus exploraciones; los campesinos bloquearon la brecha de acceso con un poste y una trinchera, sólo así se detuvo la exploración.

Los cuatro autores del texto son Pierre Beaucage, profesor emérito de la Université de Montréal, Quebec, Canadá; Leonardo Durán Olguín, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan en Cuetzalan; Ignacio Rivadeneyra Pasquel, profesor en el Telebachillerato de San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan; y Claudia Marina Olvera Ramírez, representante del Frente de Defensa del Apulco.