Othón Muñoz Bravo, alías El Cachetes enfrentará en libertad el proceso que enfrenta en su contra por los delitos de portación y posesión de arma de fuego sin licencia y posesión de drogas, luego de que conmutara la prisión preventiva por una garantía económica de 1 millón de pesos y acudir a firmar cada 15 días. Muñoz Bravo, quien dejó el penal de Tepexi, aún sigue procesado y sujeto a los tiempos que estableció el Juez de Control para el proceso de investigación en su contra. Según fuentes extraoficiales, el empresario estuvo en audiencia en los primeros minutos de este martes y ahí conmutó la prisión preventiva por la garantía económica antes mencionado y por la otra medida cautelar, la de acudir a firmar cada 15 días. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ni de la Fiscalía General del Estado (FGE) han dado una postura al respecto. Trascendió que el ministerio público, representante de la Fiscalía, no apeló esta resolución del Juez. El empresario gasolinero estaba recluido en el penal de Cholula desde agosto pasado, luego de su captura por parte de elementos de la Marina. Vinculado al exgobernador Rafael Moreno Valle y al senador Javier Lozano Alarcón, El Cachetes habría salido de prisión la madrugada de este martes. A pesar de su vinculación con el crimen organizado en el robo de combustible a Pemex, Muñoz Bravo no fue culpado de ese delito, y aquellos que sí se le imputaron como posesión de armas de fuego, contra la salud, que no son considerados graves.
El Cachetes tiene prohibido salir de Puebla: FGEEl Órgano de Control modificó la medida cautelar de prisión preventiva contra Othón "N", alias "El Cachetes" quien queda bajo arraigo en el estado y deberá exhibir la garantía económica de un millón de pesos, informó la Fiscalía General del Estado. La dependencia informó en un comunicado, que durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la juzgadora consideró que la puesta en peligro de la salud pública no es de magnitud considerable y que, como órgano de control, debía velar por la salvaguarda de los derechos humanos del imputado, ponderando su libertad personal, por encima del posible daño a la salud pública que pudiera generarse y, de las posibles sanciones que se le llegasen a imponer. La defensa refirió que el imputado no contaba con ingresos ya que al estar sujeto a investigación había perdido sus empresas, la Fiscalía desvirtuó dichos argumentos con pruebas sustentadas y se le impuso el pago de un millón de pesos. Asimismo, se determinó la sustitución de la prisión preventiva por la comparecencia periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país, del estado y de la ciudad de Puebla. |