Que la "autoridad competente" y no la Secretaria sea la encargada de acceder a la plataforma Uber para vigilar a los conductores, sí es una violación a los derechos humanos y a la privacidad de los usuarios, señaló José Flores, especialista en seguridad digital, quien en su opinión, las modificaciones de la Ley de Infraestructura y Transporte de Puebla son un abuso de inconstitucionalidad.
"Es una iniciativa desproporcionada lo que está solicitando el gobierno de Puebla, que se le dé acceso a los datos que manejan estas plataformas, sería un abuso si no hay un juez de control que emita una orden judicial", mencionó.
Los datos que están solicitando las autoridades son la geolocalización en tiempo real, e información sobre los viajes, de acuerdo con el articulo 92 Quarter cualquier "autoridad competente" puede tener acceso a esta información para garantizar la seguridad, a lo que Flores calificó como riesgo en la integridad de los usuarios. Ejemplificó con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con los artículos 189 y 190, que no estipulaban que autoridades tenían acceso a este tipo de información y al no especificar, cualquier "autoridad competente" puede solicitar estos datos sin tener algún permiso previo.
"Cuando tú utilizas uno de estos servicios asocias datos que tienen que ver con tu identidad, quién eres, qué haces, y hasta tu tarjeta de crédito (…) con esta información las persona podrán saber de tus esferas más intimas, por ejemplo en donde trabajas, en donde vives y hasta que lugares frecuentas", explicó.
La explotación de esta información puede generar abusos con los datos personales, incluso utilizarse para fines ajenos a la seguridad. Con lo anterior, no quiere decir que Uber quede exento de mejores normas de seguridad, al contrario, José Flores cree que la empresa de taxis ejecutivos debe cooperar con el gobierno, siempre y cuando las normas estén reguladas y exista una orden judicial de por medio. |