A medio año de la balacera entre el Ejército contra huachicoleros de Palmarito Tochapan, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señaló "que a veces las decisiones de los jueces dificultan o atrasan las investigaciones", pues aún sigue en proceso el homicidio del soldado contra un civil. El pasado 3 de mayo se desató un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra supuestos ladrones de hidrocarburo en Palmarito Tochapan, localidad de Quecholac, a causa de un operativo de tomas clandestinas que dejó un saldo de cuatro soldados muertos. Una semana más tarde al encuentro entre los militares con la supuesta banda de huachicoleros, se difundió en redes sociales un vídeo en el que se muestra como los soldados sometieron a un grupo de pobladores en la calle, en el que mataron de un tiro a uno de ellos, para luego intentar desmontar la cámara que los grabó. Ante las evidencias, la WOLA difundió en su informe "Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México" de noviembre pasado que analizó el procedimiento que se abrió en contra del sargento de la Sedena que asesinó al sujeto del vídeo. Entre la información que encontraron, resultó que las decisiones del juez que llevó el caso entorpecieron las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), derivado a que consideró que se carecían de pruebas que persiguieran al homicidio como un delito. La respuesta de la PGR ante la decisión fue que "el juez había actuado con parcialidad y simpatía hacia el soldado", aunado a que los subordinados que acompañaron al sargento acusado argumentaron que la dependencia de seguridad los presionó a declarar en su contra, testimonios que los dieron como válidos. Por la decisión inicial del juez, se inició un recurso de apelación ante un tribunal unitario que revocó el dictamen, "pues había evidencia de que la ejecución de la víctima había sido el resultado del uso letal y excesivo de la fuerza", a causa de las lesiones que tuvo el occiso, durante su asesinato. El tribunal unitario consideró que el asesinato del soldado "no representaba ningún riesgo ni amenaza hacia el personal militar", al no estar armado durante el sometimiento, pues el juez que intentó absolverlo argumentó que "se encontraba en un escenario de guerra 'literalmente hablando'".  |