Simula Puebla cumplir con Derechos Humanos
El análisis publicado en la revista Latinoamericana de Derechos Humanos advierte una escasa efectividad en la reparación del daño provocado
A lo largo de los años, las administraciones gubernamentales han llevado a cabo una simulación respecto al cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH-Puebla), con ello se impide la efectiva reparación del daño provocado a las víctimas por el propio Estado y la consecuente negación de su acceso a la justicia, así lo advierte el análisis La Simulación en el Cumplimiento de las Recomendaciones. El Caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, México, 1993-2015. El estudio antes mencionado, fue realizado por Oscar Nicasio Lagunes López y publicado en la revista Latinoamericana de Derechos Humanos, la cual es una publicación de carácter académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional de Costa Rica. El artículo refiere diversas situaciones negativas que vulneran el trabajo de la CDH-Puebla, entre ellas el poder ser en realidad un organismo autónomo, hacer transparente la conformidad de los afectados tras el cumplimiento de las recomendaciones y el que no sean las organizaciones civiles quienes elijan al ombudsman. El estudio señala que de 1993 al 2015, la CDH-Puebla ha recibido 203 mil 562 solicitudes de intervención, de las cuales sólo 16.79 por ciento se abrieron como expedientes de quejas, por ser consideradas presuntas violaciones a los derechos humanos. El 96.51 por ciento de las inconformidades recibidas fueron concluidas por diversos motivos. El instrumento de la Comisión para concluir quejas, es la resolución durante el procedimiento, así lo demuestran los informes del organismo correspondientes a los años 1993-2002. Se describe la materia de la queja, la autoridad responsable y la reparación de la falta, pero no mencionan si el sujeto peticionario estuvo satisfecho con la resolución de las autoridades y la Comisión, resalta el artículo. De 1993-2011 los hechos violatorios a los derechos humanos más comunes fueron:
La autoridad que más recibió recomendaciones durante el periodo 1993-2015 fue la Procuraduría de Justicia del Estado; por el contrario, el Ejecutivo estatal, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Contraloría General estatal no recibieron ninguna recomendación. De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión, el porcentaje de recomendaciones cumplidas por las autoridades públicas a las cuales fueron turnadas es elevado. Al 31 de diciembre de 2016, se han acatado en su totalidad mil 99 recomendaciones, el 96.8 por ciento, de las mil 135 que fueron emitidas en el periodo 1993-2015.
"Con estos datos podría pensarse que la institución responsable de promover y defender los derechos humanos de los poblanos es altamente eficiente. Sin embargo, el desempeño de un organismo debe medirse por la calidad de dichas resoluciones más que por la cantidad, toda vez que los números pueden manipularse", describe el informe.
Lagunes López detalla que la Ley de la Comisión no autoriza al Ejecutivo estatal recortar su presupuesto, en 2015 el Congreso estatal aprobó a la institución defensora un presupuesto de 21 millones 34 mil 470 pesos, posteriormente el monto fue reducido a 15 millones 603 mil 699 pesos, es decir, 25.82 por ciento menos del original. Los problemas con los recursos económicos han sido una constante, de 1994 a 2015 el porcentaje decreció .16 por ciento, en 1994 recibió el .19 por ciento y en el 2015 tan sólo el .03 por ciento.
"Este indicador pone de manifiesto que el gobierno del Estado destina cada vez menos presupuesto a la defensa y promoción de los derechos humanos en la entidad poblana, lo cual revela la irrelevancia del tema para nuestras autoridades gubernamentales", informó.
A lo anterior se debe sumar que la CDH-Puebla no cuenta con instalaciones propias, el edificio que en la actualidad ocupa es del gobierno del estado. Por si lo anterior no fuera poco, la autonomía está vulnerada por el control del proceso de elección del ombudsman local por el Ejecutivo estatal y por los principales partidos políticos de mayoría en el Congreso del estado. |