Registran graves violaciones a derechos humanos en Puebla

La situación de los derechos humanos en Puebla es "grave", si bien, hay un avance en las leyes y políticas públicas, esto no ha bastado, por el contrario, hay una contradicción cuando se observa la cantidad de violaciones, existe una regresividad y las autoridades dan mensajes de permisividad, con ello, los actos vuelven a repetirse, consideró María del Rosario Arrambide González, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos "Ignacio Ellacuría", de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.

En entrevista con El Popular, diario imparcial de Puebla, la experta en el tema comentó que con base en los resultados de la investigación Derechos Humanos en el Estado de Puebla, su Progresividad a partir de Proceso Históricos y Contextos Actuales, se puede afirmar que la etapa actual en Puebla es grave, pues más allá de existir una progresividad en el marco del respeto hay una regresividad, un aumento sistemático de agresiones para muchos sectores.

Las mujeres, las comunidades indígenas, los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI), los niños, niñas y adolescentes han sido vulnerados por los gobiernos a lo largo de los años, expresó en el marco del Día de los Derechos Humanos celebrado cada 10 de diciembre, el cual tiene como objetivo destacar la importancia de respetarlos.

En el caso de las mujeres, dijo, hay un aumento de la violencia, en muchos de los casos un alza sistemática, intimidación familiar, comunitaria escolar, feminicida y esto se da en un contexto en donde existe un limitado número de sentencias, una serie de dificultades e irregularidades en el marco del acceso a la justicia para quienes viven sometidas.

Arrambide González recalcó que las acciones gubernamentales imposibilitan el acceso a la justicia, con ello hay una tolerancia estatal y por lo tanto se genera un mensaje de pasividad, la cual fomenta la repetición de hechos similares.

Los menores de edad también viven un momento precario en materia de desnutrición, salud, incluso en agresiones sexuales efectuadas por docentes. En este último caso, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), hubo 248 profesores investigados por esta irregularidad, la mayoría de las víctimas fueron niñas, puntualizó.

En el detalle de la respuesta de la SEP, agregó, hubo ataques físicos pero en general fueron "morales", y de acuerdo con una tabla de información, se relacionó con abusos de tipo sexual, aunque los responsables del ámbito educativo en la entidad señalaron en su momento que no eran un órgano jurisdiccional para tipificar los hechos.

Este panorama es más preocupante al tomar en cuenta que hubo un mínimo porcentaje de docentes cesados, la mayoría únicamente fueron amonestados, recibieron malas notas o recibieron apercibimientos, resaltó.

Todo ello se agrava principalmente en poblaciones indígenas, en donde además deben enfrentarse a complicaciones como la instalación de hidroeléctricas, a pesar de estar en desacuerdo, cuando estándares internacionales advierten sobre la importancia de hacer consultas a los pueblos originarios cuando se trate de su territorio.

A nivel legislativo también hay complicaciones, pues no se ha conformado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuando debió formarse desde inicios de 2015, generando así que no exista una reparación integral de daño a las víctimas, pero no sólo eso, se deja a las personas en un estado de indefensión frente violaciones hechas por agentes estatales, manifestó la responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos "Ignacio Ellacuría".

La falta de creación de la comisión habla de la irresponsabilidad estatal frente a los mecanismos para la una atención integral, reparación del daño, y esto va en detrimento, acotó.

Suman más de 500 violaciones en una década

Desde 2006 a 2017, los organismos han contabilizado por lo menos 559 violaciones de derechos humanos, las cuales fueron efectuadas por administraciones municipales, estatales y federales.

Dentro de la lista, destaca la recomendación por la violación grave número 2, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en donde integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), provocaron la muerte de un menor de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, como resultado de un enfrentamiento entre los elementos así como pobladores de Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan.

Los habitantes bloquearon la carretera Atlixco para manifestar su negativa de entregar los registros civiles, pues los legisladores aprobaron que ya no fueran las juntas auxiliares las responsables de la administración de estos trabajos. Los cambios en las normas jurídicas fueron impulsados por el gobierno estatal.

En su momento, la administración estatal, encabezadas por Rafael Moreno Valle Rosas, negaron que los elementos hayan provocado el homicidio del menor, aseguraron que fue la "onda expansiva de un cohetón" lanzado por infiltrados, versión desmentida por la CNDH. Los pobladores acusaron que los policías utilizaron bolas de goma para terminar con las protesta.

En 2011, Puebla también destacó a nivel nacional. Oswaldo Zamora Barragán, un menor de Petlalcingo, Puebla, resultó lesionado por la explosión de una granada de fragmentación de uso exclusivo del Ejército, la cual fue olvidada por los militares en el mismo campo en donde el pastoreaba.

Zamora Barragán sufrió avulsión del dedo índice con lesiones de quemaduras de primer y segundo grado en cara dorsal y palmar de mano izquierda; amputación del tercio de medio de antebrazo derecho, explosión de vasos, tejido óseo y muscular, con quemaduras de tercer grado; herida por quemadura de segundo y tercer grado en pared abdominal abarcando toda su extensión; quemaduras de segundo y tercer grado en toda el área genital; solución de la continuidad de la piel en cara externa del muslo izquierdo de cinco centímetros de profundidad y de tres centímetros de diámetro, de forma oval, y deformidad importante de ambos miembros inferiores.

A nivel municipal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), también ha hecho recomendaciones. Una de las más recientes fue la hecha al gobierno municipal de Atlixco pues fue vulnerado el derecho a la vida. En el expediente con número 7613/2015 se indica que un reo suicidó al interior, y aun cuando ya había mostrado intensiones de hacerlo en ocasiones anteriores, los servidores públicos no hicieron algo para prevenir este resultado. En la actualidad, el cumplimiento de las indicaciones se encuentra en trámite, según la información publicada en la página del organismo estatal.

De 2006 a lo que va de 2017, la CNDH ha emitido 19 recomendaciones por transgresiones, entre éstas se ubica el gobierno del Estado, el Instituto Nacional de Migración (INM), Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Gobierno del Estado de Puebla, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). A las anteriores se suman la recomendación 2VG/2014, por el caso Chalchihuapan.

Mientras que la CDHEP ha generado 539 recomendaciones y conciliaciones en los últimos 10 años, esto de acuerdo con los datos públicos de su portal de internet. Entre los acusados se ubican los Ayuntamientos de San Pedro Cholula, Atlixco, Quecholac, Tecamachalco, Puebla, además de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Acciones de la comisión en 2017

Aunque llegan cientos de quejas ante al CDHEP, no todas terminan en una recomendación. De enero al 8 de diciembre de este 2017, se denunciaron mil 385 y fue la Fiscalía General del Estado (FGE) la que 336, siendo esta la cifra más alta.

Entre los aspectos vulnerados fueron el derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, legalidad, trato digno, de petición, educación, protección de la salud así como libertad.

En el contexto anterior, la CDHEP generó nueve recomendaciones a la FGE, el Instituto de Seguridad y Servicios, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), la Secretaría de Salud, el presidente municipal de Quecholac, de Atlixco y de Pahuatlán. Los derechos afectados fueron seguridad jurídica, integridad e integridad personal, protección a la salud, vida, privacidad y legalidad.

Emite CNDH recomendaciones

2006

La periodista Lydia Cacho Ribeiro acusó al gobierno de Puebla y a los agentes de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Puebla y Quintana Roo de tortura física y psicológica durante su detención. Las denuncias las presentó ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y la Especial para delitos cometidos contra periodistas (Feadle), ambas de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario textilero Kamel Nacif.

2007

Los señores Jorge Hernández Maldonado y Rosa María Torres Gómez acusaron que el personal de la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General de Justicia (FGE), de "trato cruel" el 9 de junio de 2006, al cumplir una orden de localización y presentación, agrediendo al detenido y privando de su libertad a su esposa, la señora Rosa María Torres Gómez, sin que mediara orden de presentación contra ella. Por lo anterior, la CNDH emitió el 16 de octubre de 2007 la Recomendación 51/2007, dirigida al Gobernador del estado para girar instrucciones hacia los responsables del abuso.

2012

Sobre el caso de Oswaldo Zamora Barragán, un menor de Petlalcingo, Puebla, resultó lesionado por la explosión de una granada de fragmentación, de uso exclusivo del Ejército, la cual fue olvidada por los militares en el mismo campo en donde el pastoreaba. La granada le mutiló una pierna y un brazo.

2013

Se presentó un caso por una inadecuada atención médica en el Hospital General Regional número 36, del IMSS en el estado de Puebla por violaciones al derecho a la protección de la salud pues personal médico no atendió de manera adecuada a una mujer embarazada; su bebé murió.

2014

El 9 de julio, integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), provocaron la muerte de un menor de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, como resultado de un enfrentamiento entre los elementos así como pobladores de Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan. Derivado del hecho, la CNDH emitió 11 recomendaciones al gobierno de Puebla que involucra el inicio de un procedimiento contra el Secretario de Seguridad Pública y el personal que participó en el operativo por violaciones graves a los derechos humanos, la creación de una Fiscalía especial para investigar el caso.

Agencia Enfoque

2015

Sobre el caso de inadecuada atención médica y violencia obstétrica en el Hospital General de Acatlán de Osorio de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Una mujer recibió una mala atención situación que generó que su bebé presentara un cuadro de asfixia y un paro cardiorespiratorio que derivaron en su fallecimiento días después.

Agencia Enfoque

2017

Sobre la violación a los derechos humanos a un medioambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala, siendo los responsables autoridades estatales y federales.

Karen ROJAS