Escuchar a la víctima en la instancia donde denuncie, canalizarla para que reciba atención física y psicológica, dar aviso a las autoridades correspondientes para que atiendan el caso y emitir órdenes de protección, eso contempla la Guía para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las Mujeres que elaboró el Instituto Electoral del Estado (IEE).

En el documento se da a conocer cómo identificar cuando una mujer es víctima de violencia política durante un proceso electoral, señala que, entre otras características, se constituye al desestimar y descalificar las propuestas presentadas; así como divulgar o revelar información personal con el objetivo de menoscabar su dignidad para obtener la renuncia del cargo por el que se postulan.

También imponer sanciones injustificadas, incumplir con las reglas de distribución de recursos, usar lenguaje sexista y realizar conductas como amenazas, difamación, desprestigio, burlas y descalificación.

Constituye violencia política en el ejercicio de un cargo el evitar que las mujeres electas o designadas a una función pública asistan a la toma de protestas de su encargo o a sesiones para cualquier actividad que implique toma de decisiones, cometer actos de intimidación y obligar a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad.

Se consideran hechos de violencia política las amenazas verbales, difamación y descalificación; restringirles el uso de la palabra en sesiones u otras reuniones; así como usar lenguaje sexista, denostativo, peyorativo o calumnioso en perjuicio de la mujer electa.

El instrumento sostiene que cuando se trate de un proceso especial sancionador, la denuncia se admitirá o desechará en un plazo de 24 horas, en caso que proceda, la Comisión de Quejas y Denuncias resolverá en un plazo de 48 horas si procede o no la medida cautelar.

Las autoridades facultadas para tener injerencia en los casos violencia política a nivel local son: el IEE, el Instituto Poblano de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Estado y en caso que se haya perpetrado una agresión mayor, la fiscalía.