El Frente Nacional por la Familia exigió en la delegación Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), un alto a la promoción del aborto a través de recursos públicos otorgados por el programa de Coinversión Social para el Fortalecimiento de Igualdad y la Equidad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). María Eugenia González Serafín, coordinadora del Frente, dio a conocer que para realizar los abortos se están ocupando un aproximado de 13 millones, lo que resultaría inconstitucional. "Cuando ideologías personales están por encima de la función de las instituciones del país, se le da apertura a acciones como esta que perjudican y lastiman a miles de mujeres a través del aborto", dijo. Explicó que a diferencia de ocasiones anteriores respetarán la decisión de las mujeres y si quiere abortar no se opondrán; sin embargo, el frente está en contra de que el aborto se realice con recursos públicos y en caso de que hayan sido violaciones de que no se denuncien. Fue el pasado 30 de enero cuando se lanzó la convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior y centros de investigación para presentar proyectos de fortalecimiento de igualdad y equidad de género. La convocatoria se escuda en la NOM 046 a través del punto 4.4 y según el frente está iniciativa ayuda a las mujeres a llevar a cabo el aborto pero no las motiva a denunciar la violación. "Si van a ocupar nuestros recursos que sea para desaparecer las violaciones, porque el aborto es sólo una consecuencia. Necesitamos que las autoridades piensen en programas a largo plazo y que los médicos estén enterados de que es un riesgo para sus carreras pues es inconstitucional", compartió. En la solicitud que se entregó en la dependencia piden el replanteamiento de la convocatoria y la eliminación de la promoción del acceso al aborto que se realiza en el punto 4 de la convocatoria; la apertura a las instituciones que todos los días trabajan por garantizar y respetar los derechos de las mujeres sin atentar contra la vida de los tercero; así como políticas públicas para erradicar las violaciones. |