Puebla es el tercer estado con más denuncias en condicionamientos de programas sociales, principalmente en la Sierra Norte, compartió Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), quien dijo que esto abarca del año 2014 al 2017. Tras impartir la conferencia Corrupción y Elecciones, Santiago Nieto dio a conocer que dichas denuncias están vinculadas con el programa de inclusión social Prospera, incluso se llegaron a encontrar copias de identificaciones oficiales con sellos de este programa, las cuales fueron utilizadas para inflar los apoyos ciudadanos de alguna candidata independiente al gobierno del estado de Puebla en las últimas elecciones. Detalló que el otro problema que detectaron en Puebla es el peculado electoral, en el municipio y en el estado se registraron desvíos de recursos en temas electorales. En estos temas los estados que tienen más incidencia son el Estado de México, la Ciudad de México y Coahuila. En otro tema, dijo que tienen detectados 11 estados que utilizaban los impuestos de los trabajadores para las elecciones, pero en estos incidentes la entidad poblana no figuró en el listado. "Los estados fueron Chihuahua, Coahuila, el Estado de México, Nayarit, había en Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, entre otras entidades federativas, en donde se presentó este problema. Lo importante es que se puedan visibilizar para efectos de que no haya desviación de recursos para las campañas electorales desde la federación, los estados o municipios", acotó. Explicó que el modus operandi fue obligar a los empleados a firmar un oficio en donde se comprometían a dar desde el 3.5 por ciento de su salario hasta el 10 por ciento a un partido político, luego por cheque se les mandaba a las dirigencias partidistas. No hubo una planilla que tuviera más tendencia entre estos estados. Sobre la incidencia delictiva electoral, señaló que en la entidad poblana el Congreso tiene que crear una fiscalía especializada y reformar el modelo actual de la Fiscalía General con el objetivo de otorgarle autonomía y que se puedan desempeñar las funciones de manera eficaz. "Tenemos 22 estados con fiscalías electorales pero muchas de ellas son fiscalías electorales unipersonales y eso no funciona para poder atender la incidencia delictiva electoral. Desde el año 2014 se obligó a todos los congresos a que generaran una fiscalía local y que la adoptaran de recursos para poder ejercer sus funciones, hasta este momento ninguna fiscalía cuenta con los recursos suficientes", concluyó. |