Demandan detener obra en Huitzílatl
El 15 de noviembre de 2017 los habitantes de la comunidad interpusieron un juicio de amparo
El Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno frenar el proyecto del sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, pues no consultaron a la comunidad indígena si estaban de acuerdo con el uso de sus recursos. En rueda de prensa, José Luis Leyva Machuca, integrante de esta agrupación, explicó que desde el 15 de noviembre de 2017 los habitantes de la comunidad Huitzílatl, perteneciente al municipio de Coyomeapan, interpusieron un juicio de amparo en contra del aprovechamiento de su río por "violar el derecho de los pueblos indígenas a ser previamente consultados". El activista detalló que además del municipio antes referido la hidroeléctrica abarca a San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán, pero no hubo una consulta de manera previa y ya se han observado algunos trabajos, como de análisis del terreno. Ante esta situación, acudieron al juzgado tercero de distrito en materia civil, administrativa y del trabajo y juicios federales; sin embargo, ahí no se quiso analizar el caso, al argumentar que no era de su competencia sino de otras áreas. Después un tribunal colegiado en materia administrativa determinó que sí era su responsabilidad estudiar la queja; estas acciones representaron una "pérdida de tiempo de por lo menos de tres meses", expresó Leyva Machuca. "Es una conducta judicial que busca beneficiar a las autoridades a través de acuerdos oficiosos que deniegan el acceso a la justicia de los grupos más vulnerados de nuestro país", recalcó el representante el grupo inconforme de la comunidad en donde habitan 100 personas. Argumentó que al no haber una consulta previa, libre e informada, las acciones deben ser canceladas, pues no beneficiará a las comunidades, por el contrario, sólo es una forma de abrir la puerta a otras actividades como la minería a cielo abierto, la cual genera daños al medioambiente. Por lo anterior, el Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena y Popular hizo un llamado a las autoridades para que generen condiciones de estabilidad en la demarcación, pues se han registrado actos de intimidación en contra de los vecinos, como el ocurrido el 9 de febrero, cuando fue quemado un autobús de la línea AU, el cual había sido utilizado para ir a realizar una protesta sobre este tema en la Ciudad de México. Lo pobladores de esta comunidad también demandaron que haya una resolución justa; no obstante, se prevé sea en un periodo de tres meses cuando el juzgado ofrezca una resolución sobre el conflicto. |