Revela IMCO poca transparencia en obras públicas de Puebla

Por presentar contratistas favoritos en la licitación de obras públicas, así como una amplia posibilidad en la modificación de contratos, la entidad poblana resultó reprobada en la evaluación de obra pública de calidad y transparencia en los contratos adjudicados, realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En su Índice Legal de Obra Pública (ILOP), el instituto ubicó a Puebla con un nivel de cumplimiento del 56.94% de 100 puntos posibles; la entidad tuvo una evaluación reprobatoria por carecer de indicadores que conforman los requisitos mínimos para el desarrollo de obra pública al igual que otras 15 entidades evaluadas, las cuales cuentan con mayor número de pobladores e impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Siete ejes rectores fueron revisados por el IMCO; en los rubros de fiscalización, planeación, presupuesto y responsabilidades, la entidad salió con una buena evaluación, no así en los rubros de transparencia, competencia y tecnología, en los que el estado presentó carencia de mecanismos para la solución de conflictos en la obra pública, además de poca transparencia de información para realizar una investigación de mercado.

Aunado a lo anterior, se observó que la legislación poblana en ejecución de obra pública no regula la actividad de los poderes legislativo y judicial, así como de organismos autónomos; de igual manera, el informe señala la existencia de preferencias a contratistas que empleen recursos humanos e insumos propios de la región. Finalmente, se hace énfasis en la posibilidad abierta a la modificación de contratos más allá del 10%.

En gastos de obra pública del 2016, año de la evaluación, se aprobó un presupuesto por 6 mil 104 millones de pesos; además de esto, se reportaron como adeudados en el gasto de obra pública un monto por 3 mil 841 millones de pesos, lo que arrojó una discrepancia entre lo presupuestado y lo ejercido de menos 11%.

Las mayores observaciones al caso de Puebla se dieron en temas como los comités de obra pública, las investigaciones de mercado, las prácticas antimonopólicas y los testigos sociales; en todos los casos, Puebla no comprobó los requisitos pese a formar parte de los lineamientos base en transparencia de contrataciones públicas.

Revisión a detalle

En cuanto a 'plataformas electrónicas' para el control y desarrollo de los procedimientos de contratación, Puebla reportó una calificación de menos del 40%, mientras que en 'competencia', el cual aborda la libertad de contratación en los acuerdos de licitaciones, el cumplimiento fue del 43%.

En materia de 'transparencia', la entidad alcanzó el 58% pero aun así no logró aprobar, pues no está disponible en su totalidad la información ni requerimientos legales en el ámbito del esclarecimiento de los procesos de contratación.

En fiscalización, que comprende la exigencia de las leyes locales en cuanto auditorías, el estado obtuvo su mayor puntaje con 82%, seguido de la 'planeación' en la que el gobierno estatal debe contar con un programa de obra pública alineado con los planes estatal y nacional de desarrollo, de este modo obtuvo un 67%.

De acuerdo con el IMCO, las constructoras locales concentran el 56% del gasto en obra pública en el estado. Tan solo en 2017, hubo 15 proyectos: ocho a cargo de poblanos y el resto a foráneos. De estos contratos otorgados a empresas locales destacan: boulevard Carmelitas y la línea 3 del metrobus.

La propuesta del centro de investigación con presencia a nivel nacional plantea que México requiere de una revisión a la legislación para que en las obras públicas se cumplan con los altos criterios técnicos, operativos y presupuestales, pues si las leyes no son claras y completas, se está predispuesto a que actúen como si no existiera una norma que los sancione.

Las entidades evaluadas fueron: Estado de México, Sonora, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Michoacán, Baja California, Campeche, Tamaulipas y Querétaro, además de Veracruz que presentó el mayor cumplimento, y Nuevo León que resultó la peor entidad.