El IEE se extralimita al dictar medidas cautelares al candidato Miguel Barbosa Huerta, por ligar a su adversaria Martha Erika Alonso Hidalgo, lo hacen para proteger los intereses morenovallistas, opinó el director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño. Indicó que "se hable que es esposa de Moreno Valle no tiene que ver con su género, tiene que ver con su estado civil, a mí me parece que cuando en su momento en la campaña de Estados Unidos se aludía a que Hilary Clinton era la esposa de Bill Clinton no se trataba de violencia de género, era una descripción de su condición civil y de relación de pareja, está confundiendo las cosas y me parece que se ha extralimitado en adjudicar y calificar lo que no es, está poniendo una violencia política de género donde no la hay". También puedes leer: ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO?
Recordó que la contendiente planteó en el sexenio anerior que se le llamara formalmente Martha Erika Alonso de Moreno Valle, mientras fue presidenta del patronato del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de las Familias, lo cual nunca implicó violencia política de género. Es una circunstancia absolutamente desproporcionada lo que ha hecho el instituto, sin duda lo hace para proteger los intereses morenovallistas, resaltó. Depende la forma en que se dice: académicaLa politóloga del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Maribel Flores Sánchez, dijo que dependiendo en la forma en la cual se diga que la candidata a gobernadora de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo, es esposa de Rafael Moreno Valle Rosas, se puede considerar o no violencia política de género. Recordó que este tipo de agresiones tiene que ver con actitudes, acciones, comportamientos, que limitan o dificultan el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres y tiene diferentes formas de manifestarse. En el caso de México, declaró, se ha avanzado porque hay un marco jurídico que regula la necesidad de limitar o contrarrestar obstáculos de las mujeres para que puedan participar en la vida política electoral, se han trabajado en protocolos, en fortalecer la igualdad jurídica y política para que pueda ser parte del proceso en igualdad de condiciones. Agregó que hay diferentes instrumentos que permiten garantizar, desde el punto de vista jurídico, una protección por parte del Estado para promover una mayor participación política de las mujeres, pero todavía hay varios elementos que pueden generar una cultura no necesariamente en armonía con las normas. Opinó que hay mucho por hacer para que las mujeres puedan votar y ser votadas plenamente, pues hace falta observar cómo se comportan los actores sociales para generar una mayor equidad. Recodó que se han hecho acciones a favor de este sector, como cumplir con una cantidad de candidaturas de género y de no haberse impulsado probablemente no tendrían oportunidad de competir. |
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