Seis denuncias por delitos electorales se detectaron en Puebla durante enero y mayo de este año, caracterizándose por ocurrir en municipios con altos niveles de marginación, como San Miguel Eloxochitlán que lideró los registros con dos de todos los casos en la entidad.

Durante enero y mayo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detalló que se investigaron seis delitos electorales, mientras que en el mismo periodo del 2016 se registraron ocho incidentes.

Eloxochitlán es el municipio con mayor cantidad de investigaciones por delitos electorales en la entidad, al cerrar con dos incidentes, cuando en las elecciones del 2016 no se registraron casos.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló en su último informe de pobreza que Eloxochitlán se posicionó en 2015 entre los cuatro municipios más pobres de Puebla, pues 97 por ciento de su población no podía comprar la canasta básica.

Otro municipio en los que se denunció un delito electoral fue en Tlatlauquitepec, donde también en noviembre de 2017 se tuvo un incidente, en el que no se aclara de qué tipos fueron, pero la Ley General en Materia de Delitos Electorales estipula que pudo ser cualquiera que impidiera el voto.

Las cifras de pobreza municipal del Coneval revelaron que, al cierre del 2015, más de 73 por ciento de la población de Tlatlauquitepec no alcanzó la línea de bienestar. También, en Guadalupe Victoria se tuvo un delito electoral investigado, cuando en las elecciones del 2016 no hubo casos; asimismo, al cierre del año pasado tampoco se investigó algún incidente.

Entre las mediciones de pobreza del Coneval se constató que Guadalupe Victoria cerró el 2015 con más del 79 por ciento de su población que no alcanzó la línea de bienestar, al no poder dar cobertura a canasta básica, contar con todos los servicios públicos o acceder a la educación.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales detalla que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) puede intervenir cuando se comprueba que se condiciona el voto, mediante programas sociales o coaccionar el sufragio de los ciudadanos.