Violencia y feminicidios marcan gestión de Carrancá

En medio de violaciones a los derechos humanos, feminicidios y la presencia de la delincuencia organizada, se enmarca la labor y desempeño de más de siete años en el cargo del fiscal General del Estado (FGE) de Puebla, Víctor Carrancá Bourget.

El titular de la FGE habría presentado su solicitud de licencia; no obstante, la dependencia negó tal hecho, aunque fuentes cercanas afirman que esto corresponde a un retraso por problemas en su proceso de entrega-recepción. Su supuesta solicitud de licencia coincide con la iniciativa legislativa enviada por el gobernador, Antonio Gali Fayad, que plantea modificaciones al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, para validar que en caso de que el fiscal se ausente más de 30 días, podrá nombrar a su suplente.

Hasta la mañana de ayer, la FGE anunció en sus redes sociales que Carrancá Bourget seguía al frente de la dependencia, descartándose todas las versiones extraoficiales que circularon en medios de comunicación, por lo que permaneció en sus actividades, con normalidad.

Carrancá Bourget comenzó su labor desde la ahora extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el sexenio del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que arrancó en 2011, pero el 9 de diciembre de 2015 el Congreso del Estado lo designó como el titular de la Fiscalía General el Estado hasta el 2022.

Durante toda la gestión de Carrancá Bourget, tanto activistas como organizaciones civiles, mostraron una constante queja a las violaciones de derechos humanos que se cometieron por parte de la FGE, a la par que careció de perspectiva de género en la investigación de feminicidios o agresiones contra mujeres.

Entre los casos más destacados de violaciones de derechos humanos se encontró la investigación realizada por la FGE, tras el enfrentamiento que el 9 de julio del 2015 sostuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

La razón por la que el caso de San Bernardino Chalchihuapan se volvió tan emblemático para Carrancá Bourget se atribuyó a que, tras declararse la muerte del niño, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, defendió la hipótesis de que fue víctima de la "onda expansiva de un cohetón", que lanzaron los lugareños.

De acuerdo con el registro de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, durante 2016 y 2018, mismo periodo en el que Carrancá Bourget fue Fiscal General, recibió o se encontraron en trámite 22 recomendaciones o conciliaciones, derivadas a un mal ejercicio de la dependencia.

Sólo este año Carrancá Bourget ya contó con dos recomendaciones en trámite, de las cuales, sólo una se encuentra pública, en la que el caso número 02/2018 detalló que el 3 de septiembre de 2015 detuvieron a un taxista y a su esposa, y fueron objeto de un trato déspota por parte de la policía ministerial.

Dentro del expediente número 7539/2015 se relató que las victimas antes mencionadas volvieron a ser agraviadas por agentes ministeriales el 30 de noviembre del 2015, cuando transitaba uno de ellos por el bulevar "Hermanos Serdán", pero lo detuvieron, inventándole delitos de portación de arma.

Durante 2016, primer año en el que Carrancá se desempeñó como fiscal General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla reportó que se emitieron 12 recomendaciones o conciliaciones en su contra, convirtiéndose en su registro más alto, desde que tomó la titularidad de la dependencia.

La recomendación número 03/2016, emitida contra de Carrancá Bourget, indicó que se cumplió de manera parcial, luego de que se le acusara el 23 de marzo de 2013 por la agresión a una persona, junto con su pareja y su hija, pero la entonces Procuraduría General de Justicia no los atendió de manera correcta.

En 2017 el titular de la FGE recibió ocho recomendaciones y conciliaciones por parte de la CHD de Puebla, cada una relacionada por no brindar seguridad jurídica a los agraviados, no dar un trato digno a las personas o no garantizar la recepción de la información por parte de los afectados.

Entre las recomendaciones en 2017 por la Comisión de Derechos Humanos, destacó la número 04/2017, al completarse de manera parcial, que consistía en que 10 presuntos agentes ministeriales acudieron al domicilio del afectado el 1 de diciembre del 2013, donde lo amagaron de forma violenta.

Dentro de la narración de los expedientes número 5430/2014-I, 6158/2014-C y 6363/2016, todos incluidos en la recomendación 04/2017, detalló que lo torturaron, causándole lesiones, para luego ser presentado en la PGJ como miembro de una banda de secuestradores, sin antes ser juzgado.

Lentas investigaciones en feminicidios

Durante su gestión, Carrancá Bourget se caracterizó por tener en su poder las investigaciones por feminicidio en las que mantuvo en duda la culpabilidad de sus agresores, pues contó con los casos de Paulina Camargo Limón y Mara Castilla Miranda, casos en los que sus presuntos agresores mantuvieron su lucha por la libertad.

Paulina Camargo Limón desapareció el 26 de agosto de 2015, cuando se fue en un taxi, luego de verse con su entonces pareja, José María Sosa Álvarez, pero a más de tres años del suceso, los investigadores de la FGE siguieron sin localizar el cuerpo de la víctima, lo que no impidió que sentenciaran a su ahora exnovio.

A causa de la ausencia de un cuerpo con el que pudieran ligar a Sosa Álvarez por el asesinato de Camargo Limón, lo recluyeron en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, donde la expareja de la occisa fue acusado por homicidio y desaparición, pero sin localizarse el cuerpo.

Otro de los posibles feminicidios que tuvo la FGE en su poder, fue el de Mara Castilla Miranda, tras localizar el 12 de septiembre del 2017 su cuerpo en las inmediaciones con Tlaxcala, por lo que se consignó al chofer de Cabify, Ricardo Alexis N., por una serie de vídeos que lo mostraron como sospechoso.

Si bien, detuvieron al probable homicida de Mara Castilla Miranda, el 6 de julio de este año ganó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del tercer circuito un amparo con el que le invalidaron el delito de feminicidio, pues se comprobó que existieron vicios en la integración de pruebas de la FGE.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) precisaron que, durante enero y julio del 2017, se investigaron 18 posibles feminicidios, lo que, en comparación con los 13 casos de los mismos meses de este año, indicaron una disminución de casi el 28 por ciento.

Dentro de la información publicada por el SESNSP se constató que, sólo en julio pasado, el personal de la FGE inició la investigación de dos feminicidios en Puebla, cometidos tanto con un arma blanca como con otro objeto, sin especificar, en la capital poblana y Yehualtepec.

Un total de 13 presuntos feminicidios investigó la Fiscalía General del Estado en los primeros siete meses de este año, repartiéndose la localización de los cuerpos de las mujeres en Tehuitzingo, la capital poblana, Acatlán, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tepeaca, Tezitulán, Tehuacán, Yehualtepec y Coyomeapan.

Predomina crimen organizado en Puebla

Carranca Bourget confirmó el pasado 30 de agosto que en Puebla existió disputa de territorio entre agrupaciones de la delincuencia organizada, al detectar la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y organizaciones, sin precisar, originarias de Michoacán. 

Entre los casos en los que participó la FGE en la persecución del crimen organizado destacó la captura de Othón Muñoz Bravo, alías El Cachetes, pero después de que lo pusieron en libertad, al pagar por seguir su proceso fuera de las rejas, la Procuraduría General de la República (PGR) se encargó de la investigación.

En entrevista el 30 de agosto de este año con el periodista Rodolfo Ruíz, el entonces fiscal General del Estado admitió que la lucha por territorios, robo de hidrocarburo o la venta de estupefacientes desató la guerra entre las agrupaciones delictivas, traduciéndose en un incremento de la violencia.

El Semáforo de Ejecuciones reveló que, durante enero y julio de este año, Puebla registró 275 asesinatos del crimen organizado, lo que en contraste con los 196 decesos que se tuvieron en el mismo periodo de 2017, mostraron un incremento en la violencia de la entidad, por más de 40 por ciento.

El informe de asesinatos por el crimen organizado, realizado por la agrupación Semáforo Delictivo, en coordinación con Lantia Consultores, se hizo a partir de una metodología propia que reforzaron con los homicidios difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sólo en julio, la entidad cerró con 51 asesinatos cometidos por el crimen organizado, lo que significó que en promedio, se cometió uno cada 14 horas, y se ubicó entre los 15 estados con los registros de homicidios más altos en el país.

Los 51 asesinatos que tuvo Puebla en julio de este año, superaron los índices de entidades con presencia de delincuencia organizada como Tamaulipas (44), Nuevo León (36), Coahuila (14) y Durango (11), convirtiéndose en su mes más violento.