Archivo | Enrique Doger, fue candidato al Gobierno del Estado Maccise pide cambio de uso de suelo; Doger lo aprobó
|
Durante la administración municipal del priista y excandidato a la gubernatura se aprobó la petición de pasar de área verde a mixta
El predio conocido como Vivero Santa Cruz Guadalupe, que en la actualidad es objeto de polémica, se encuentra protegido por el Decreto del 8 de abril de 1994 que deja sin efecto cualquier ley que actúe en su perjuicio.
Esto incluye el cambio del uso de suelo de área verde a área mixta que se llevó a cabo durante la administración del priista Enrique Doger Guerrero, quien autorizó su modificación a solicitud del empresario Pedro Maccise, apoderado legal del predio.
Dicha decisión generó la inconformidad de los ciudadanos que habitan las inmediaciones del vivero, pues con ella se abrió la puerta a la construcción de un conjunto habitacional de lujo, lo que fue repudiado por los pobladores.
Sin embargo, este cambio quedaría anulado en caso de que se hiciera válido el Decreto del 8 de abril de 1994, según el cual toda ley promovida alrededor del predio perdería efecto cuando se comprobara que actúa en perjuicio del área de más de cuatro hectáreas.
Esta anulación es el objetivo de organizaciones como Puebla Vigila, que desde hace al menos dos décadas ha encabezado la defensa del Vivero con la finalidad de preservar el patrimonio natural del mismo.
El Popular, diario imparcial de Puebla consultó la postura de Enrique Doger, quien fue candidato al Gobierno del Estado durante el pasado proceso electoral. Hasta el cierre de esta edición, la respuesta de Doger había sido nula.
Del mismo modo, se solicitó la postura del expresidente municipal Eduardo Rivera Pérez, bajo cuya administración estalló un nuevo escándalo debido a la tala no autorizada de árboles en el vivero.
Como se dio a conocer en aquel entonces (2013), el gobierno riverista se deslindó del hecho e inició acciones legales en contra de quienes llevaron a cabo el derribo de una cantidad aún no determinada de árboles.
Este posicionamiento fue reiterado para El Popular por funcionarios que participaron en el gobierno de Rivera Pérez. Una vez más, la participación de la sociedad civil organizada fue determinante para que la autoridad municipal interviniera en el hecho.
Ángeles Navarro, entonces presidenta de la organización civil Puebla Vigila, encabezó la protesta que se desarrolló en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal. Con cartulinas en la mano, un grupo de ciudadanos encaró a Rivera exigiéndole que detuviera la tala de árboles.
Indefinición en los límites territoriales
El principal problema que atraviesa al ecocidio que tiene lugar en el Vivero Santa Cruz Guadalupe, es la falta de certeza sobre los límites territoriales entre Puebla y Cuautlancingo, que precisamente cruzan por este terreno.
De acuerdo con la regidora de la capital, Myriam Arabian, "no existe ninguna duda" sobre el municipio que al que pertenece el vivero. La cabildante afirmó que éste se ubica en terrenos que son jurisdicción de Puebla y remitió a acuerdos previos tomados entre ambas administraciones.
El regidor de Migración del municipio de Cuautlancingo, Rafael Ramírez, como la activista medioambiental, Verónica Mastretta, afirman que existe confusión en los límites, lo cual ha desembocado en la circunstancia actual del predio, donde la más reciente tala de árboles fue autorizada por el ayuntamiento que encabeza Félix Casiano Tlahque sin que al parecer tenga potestad para ello.
El pasado lunes 1 de octubre, la Secretaria de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) del Gobierno del Estado anunció que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por el derribo de árboles.
Corresponderá al Congreso de la entidad determinar qué funcionarios violaron la ley al autorizar una obra para la cual no tienen jurisdicción, aunque voces como la de Rafael Ramírez aseguran que cuando menos se deberían iniciar sanciones contra el director de Ecología municipal de Cuautlancingo, Jesús Silvano Piri Soto.
