Por mayoría de 22 votos a favor, el pleno del poder legislativo avaló reponer el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) contra la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez.

Ello luego de que el lunes 8, la Suprema Corte de Justicia determinó improcedente el anterior proceso iniciado en 2016, debido a que la Auditoría Superior del Estado notificó a la alcaldesa pero no al síndico municipal, con lo cual impidió a la administración de Fernández defenderse.

Durante el punto de acuerdo, el diputado Héctor Alonso Granados de Morena, señaló que "una vez más la Suprema Corte le corrige la plana" al Congreso del Estado y afirmó que ese tipo de situaciones son la prueba de que la anterior legislatura utilizó el tema de las cuentas públicas como garrote político.

Sostuvo que la Auditoría debe asumir su responsabilidad en el caso y afirmó que el auditor de la entidad, David Villanueva Lomelí, responde solamente a los intereses de un grupo, por lo que lo conminó a llevar a cabo su trabajo "en vez de organizar únicamente concursos de foto".

"¿Por qué se le tiene que dar fuero al auditor si no es electo por el pueblo? Entonces analizaremos bien el actuar del auditor, el actuar de la Auditoría Superior del Estado, porque estaremos muy atentos a todos esos dictámenes, los revisaremos con lupa, porque no más de ese garrote político en el que se han convertido las cuentas públicas", dijo.

Con este nuevo procedimiento, Ernestina Fernández cuenta con la posibilidad de solventar las irregularidades que le observaron en 2016, cuando la Comisión Inspectora le atribuyó un daño patrimonial de 76.2 millones de pesos en contra de su municipio.

Por ese daño, la todavía alcaldesa de Tehuacán se había hecho merecedora de una multa de 228.8 millones de pesos y una inhabilitación de 12 años del servicio público, sanción que podría evadir en caso de no ser encontrada responsable durante este nuevo proceso.

ERNESTINA / Agencia Enfoque